Caso Rocky avanza en Saltillo: juez mantiene proceso contra acusada y descarta, por ahora, alegato de salud mental hacia Liliana "N".
La investigación por la muerte de Rocky, el perro que fue víctima de un caso de presunto maltrato animal en Saltillo, dio un nuevo paso luego de que un juez de control resolviera vincular a proceso a Liliana, señalada como probable responsable de la agresión que derivó en el fallecimiento del animal.
Durante la audiencia inicial, la defensa intentó acreditar que la imputada padecía una condición de salud mental que impediría atribuirle responsabilidad penal; sin embargo, el juzgador consideró que las pruebas presentadas resultaban insuficientes para sustentar ese argumento en esta etapa del procedimiento.
La audiencia se extendió por varias horas y concluyó con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúa la investigación complementaria, cuyo plazo inicial será de tres meses.
Autoridades de la Fiscalía General del Estado sostuvieron que los elementos recabados hasta el momento permiten establecer una alta probabilidad de participación de la acusada en los hechos investigados, por lo que el proceso continuará conforme al marco legal vigente.
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Uno de los principales planteamientos de la defensa consistió en sostener que la acusada enfrenta una afectación de salud mental que impediría procesarla bajo las reglas ordinarias del sistema penal.
Para respaldar esa postura fueron presentados testimonios y la participación de un médico durante la audiencia; sin embargo, el juez coincidió con la valoración realizada por el Ministerio Público al considerar que la información aportada no cumplía con los requisitos técnicos necesarios para acreditar una condición de inimputabilidad.
De acuerdo con la Fiscalía, una determinación de esa naturaleza requiere estudios especializados y dictámenes periciales sólidos que permitan demostrar científicamente que la persona carecía de capacidad para comprender o dirigir sus actos al momento de los hechos.
Aunque esta petición fue desestimada en la audiencia inicial, la defensa aún conserva la posibilidad de solicitar posteriormente una revisión de la medida cautelar y aportar nuevos elementos periciales dentro del proceso.
La representación social afirmó que la investigación apunta a que los hechos no derivaron de un accidente ni de una conducta involuntaria.
Entre los principales indicios mencionados por la autoridad destacan los videos que documentan la agresión contra Rocky, así como otros datos obtenidos durante la integración de la carpeta de investigación.
Además, el Ministerio Público señaló que existen elementos que indicarían un intento de alterar o limpiar evidencia después del incidente, situación que también forma parte del análisis realizado por los investigadores.
Para la Fiscalía, estos datos permiten sostener la existencia de una conducta presuntamente dolosa, motivo por el cual solicitó que la imputada permanezca bajo prisión preventiva mientras continúan las diligencias.
El fallecimiento del perro representa un elemento que modifica el alcance jurídico del caso.
Según explicó la Fiscalía, al tratarse de un ser sintiente cuya muerte presuntamente ocurrió como consecuencia directa de los actos investigados, las sanciones contempladas por la legislación de Coahuila pueden incrementarse respecto a las previstas para conductas de maltrato sin resultado fatal.
En este escenario, la pena aplicable podría alcanzar hasta ocho años de prisión, siempre y cuando así lo determine la autoridad judicial al concluir el proceso.
Paralelamente, especialistas en medicina veterinaria y peritos participaron en la revisión del caso para corroborar la identidad de Rocky y documentar técnicamente las lesiones sufridas.
La Fiscalía también aclaró que, hasta el momento, no existe notificación oficial sobre algún amparo promovido por la imputada, desmintiendo versiones difundidas en redes sociales. Respecto al esposo de la acusada, informó que permanece en libertad bajo reservas de ley mientras continúan las investigaciones correspondientes.
El caso ha generado una amplia reacción entre ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales, que han seguido de cerca el desarrollo del procedimiento judicial y mantienen el llamado para que la investigación concluya con apego a derecho y conforme a las pruebas que sean presentadas ante los tribunales.
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