Una mujer y una adolescente acariciaron al perrito de la raza pomerania, para después llevárselo en zona de la Gustavo A. Madero
El cuidado animal en CDMX es una política que se ha impulsado desde el congreso; en ese sentido, el robo animal se considera un delito que se paga con sanciones legales. Es el caso que podría enfrentar mujer que robó un perro pomerania en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).
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La información, difundida por el medio de comunicación C4Jiménez, señala que Bruno, un perro pomerania, fue robado en calles de la colonia Río Blanco, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). El momento quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la entrada de un establecimiento.
En las imágenes se observa cómo una mujer y una niña, presumiblemente madre e hija, se acercan al canino, lo llaman y comienzan a acariciarlo para ganarse su confianza. Posteriormente, ambas toman a Bruno y corren hacia un automóvil.
La grabación muestra que la menor incluso abre la puerta del vehículo para facilitar que la mujer suba con el perro. Una vez dentro, ambas abandonan el lugar y huyen con Bruno.
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Tras el robo, la familia de Bruno acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para presentar una denuncia por el robo del animal.
Los familiares también solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar al pomerania y pidieron que cualquier persona que reconozca a las mujeres, identifique el automóvil o tenga información sobre el paradero de Bruno la comparta con las autoridades.
Hasta el momento, Bruno no ha sido localizado, por lo que su familia continúa con la búsqueda para recuperarlo. El caso fue difundido por el periodista Carlos Jiménez, del programa C4 en Alerta, quien compartió las imágenes del momento del robo.
En caso de que la mujer sea localizada y se acredite que se apoderó de Bruno sin el consentimiento de su dueña o dueño, podría ser investigada por el delito de robo, cuya sanción depende del valor del animal.
El Código Penal de la CDMX establece penas de seis meses a dos años de prisión y de 60 a 150 días multa cuando el valor de lo robado no supera cierto límite o no puede determinarse; las penas aumentan conforme al valor del bien sustraído.
Además, la Ley de Protección y Bienestar de los Animales señala que las sanciones administrativas no excluyen una posible responsabilidad civil o penal ni la reparación del daño. Por ello, correspondería a la Fiscalía determinar la clasificación jurídica del caso y a un juez establecer, en su caso, la sanción correspondiente.
