La propuesta busca poner freno al aumento desmedido de alquileres y brindar una vivienda digna a la ciudadanía de la CDMX.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el pasado 22 de abril de 2026 una iniciativa de reforma constitucional que busca sentar las bases para una política integral de vivienda en renta.
El objetivo central es garantizar que habitar la capital no sea un privilegio, sino un derecho.
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Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria calificó la propuesta como un “parteaguas” en la lucha por el derecho a la ciudad, al plantear que los precios de las rentas no puedan aumentar por encima de la inflación.
Este principio sería elevado a rango constitucional, lo que implicaría una protección jurídica más sólida y permanente.
La iniciativa también pretende asegurar el derecho al arraigo comunitario, es decir, la permanencia de las personas en los espacios donde han desarrollado sus proyectos de vida, en respuesta a fenómenos como la gentrificación.
La presentación de esta propuesta sucedió después de que se realizara un bloqueo en la colonia Doctores por un conflicto donde más 150 familias denuncian presunto fraude que les impide habitar viviendas del INVI en Iztacalco.
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Uno de los ejes principales de la propuesta es el fortalecimiento de la oferta de vivienda social y asequible. Para ello, el gobierno capitalino contempla la ampliación de la reserva territorial mediante la adquisición de suelo, así como la participación de inversión pública y privada para incrementar la construcción de vivienda.
Además, se plantea la creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, una instancia encargada de orientar, mediar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones entre arrendadores y arrendatarios. Esta figura buscará reducir conflictos y ofrecer respaldo legal a quienes rentan vivienda.
El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, señaló que esta reforma dará certeza jurídica al mercado de rentas y se alinea con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que refuerza su viabilidad legal.
Aunque la iniciativa ya fue enviada al Congreso de la Ciudad de México, el análisis de la ley secundaria, es decir, la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles se aplazó hasta septiembre de 2026. Esto con el fin de priorizar primero los cambios constitucionales que le darán sustento.
La reforma responde a una problemática creciente: en la capital, cerca de 2 millones de personas viven en renta, y en zonas centrales más del 40% de sus ingresos se destina al pago de vivienda. En los sectores más vulnerables, esta proporción puede alcanzar hasta la mitad de sus ingresos.
Con esta iniciativa, la Ciudad de México busca regular rentas y crear un acceso equitativo a la vivienda, en medio de una crisis habitacional que impacta a millones de personas.
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