Vecinos resisten un "desalojo silencioso" que prioriza el negocio inmobiliario sobre la misión social de la Fundación Mier y Pesado.
Para Juana, las paredes del Edificio Isabel no son solo concreto y ladrillo; son el receptáculo de una genealogía que atraviesa un siglo de historia mexicana. Su abuela llegó a este rincón de Tacubaya tras la Revolución, su madre creció ahí y ella misma vio nacer a sus hijos entre esos muros.
"Es historia, es memoria totalmente. Mi memoria gira alrededor de estas paredes... mis muertos están aquí", confiesa con una voz que mezcla la nostalgia con la urgencia del presente.
Sin embargo, ese refugio de recuerdos e historia, ubicado en los números 119 y 121 de la avenida Revolución, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, hoy se encuentra bajo asedio.
Lo que los habitantes de este complejo habitacional de 64 viviendas denuncian como un "desalojo silencioso" es, en realidad, una batalla por el derecho a la ciudad en una capital que se encarece a pasos agigantados, más ante la proximidad del Mundial 2026, así como la gentrificación en las colonias que pasaron de accesibles a inalcanzables.
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Esta situación ha afectado a varios capitalinos. Foto: Paola Paz
El proceso de desalojo no ha sido violento en el sentido tradicional, pero sí profundamente agresivo en lo cotidiano.
Según los testimonios de los vecinos, la estrategia comenzó con remodelaciones interminables que parecían diseñadas más para desesperar que para restaurar; aseguran que siempre había habido un abandono en el mantenimiento de sus casas, pero de pronto les empezaron a hablar de arreglos.
Juana relata que su vivienda fue sometida a once meses de obras, tiempo durante el cual careció de baño, sala y cocina, mientras la administración le seguía cobrando el 100% de la renta. Otro departamento lleva sin piso en la sala y sin baño principal un año y medio.
Rosa, otra de las vecinas que ha tomado el liderazgo en la organización comunitaria, describe un entorno de polvo, ruido constante de 9:00 a 23:00 horas y olores penetrantes a solventes que afectan a niños y adultos mayores por igual.
La ventaja que los vecinos mencionaron es que el desalojo no ha sido con violencia. Foto: Paola Paz
"Si esto está de pie después de tantos años es por nosotros, porque le hemos dado mantenimiento", afirma Rosa, subrayando la paradoja de que quienes han preservado el inmueble sean ahora quienes reciban la invitación —a veces cínica— de marcharse.
Además, señalan que si había una queja por esto, el director de la fundación, Armando Osorio, ha llegado a responder a las quejas con una frase lapidaria: "Si no te gusta, vete a las Lomas". Y es que la CDMX ha acumulado alrededor de 100 denuncias por desalojos forzados.
El conflicto adquiere un tinte ético sombrío al considerar quién es el casero. La Fundación Mier y Pesado, instituida hace 102 años por Isabel Pesado de la Llave, Duquesa de Mier, se define como una Institución de Asistencia Privada (IAP) sin fines de lucro.
Dedicada a la educación infantil y al cuidado de los adultos mayores. Sin embargo, los residentes cuestionan en qué momento la institución decidió alejarse de su misión original.
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Los habitantes de este edificio señalaron que no podían presentar quejas ante las remodelaciones. Foto: Paola Paz
"¿En qué momento la fundación decidió alejarse de sus principios?", se pregunta Juana al recordar cómo una familia con 90 años de residencia tuvo que marcharse en pleno diciembre.
La contradicción es flagrante: mientras la fundación envía correos alegando que necesitan más ingresos para cumplir su labor social, ejecutan acciones que desplazan a los mismos adultos mayores, una de las poblaciones que prometen proteger.
Los vecinos sospechan que detrás de esta "insensibilidad" hay una alianza con la empresa inmobiliaria Homie para transformar las casas en unidades de "rotación rápida", dividiendo hogares históricos en cuartos pequeños que comparten servicios.
Homie es una plataforma en México especializada en la gestión y renta de inmuebles habitacionales sin necesidad de aval o fiador tradicional, y es quien se encarga de rentar los nuevos cuartos que ya fueron construidos en la modificación de las casas en esta unidad.
El edificio tenía un mantenimiento por los propios vecinos. Foto: Paola Paz
Manuel, quien lleva una década habitando el edificio, es claro al identificar el motor de este fenómeno: la especulación inmobiliaria potenciada por eventos globales.
Para él, no se trata de un odio a lo extranjero: "No somos xenófobos", aclara, sino de una crítica a las empresas que aprovechan la cercanía del Mundial 2026 para aumentar desproporcionadamente las rentas. En el Edificio Isabel, los aumentos han escalado del 10% hasta el 18%, forzando a muchos a abandonar sus hogares.
"Están aprovechando los espacios para hacer negocio", señala Manuel al denunciar que las obras actuales utilizan materiales de baja calidad que comprometen el valor artístico art déco del edificio, catalogado como patrimonio por el INBAL.
La meta parece ser clara: sustituir a la comunidad vecinal por inquilinos temporales de mayor poder adquisitivo, destruyendo en el proceso el tejido social de Tacubaya, y se perdería uno de los objetivos arquitectónicos de este lugar: compartir los espacios comunes”.
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Un fenómeno detectado en este problema es la especulación inmobiliaria. Foto: Paola Paz
Frente al avance del hostigamiento, la organización vecinal ha encontrado en los espacios comunes su mayor fortaleza. Cuando la administración intentó talar árboles centenarios y quitar jardineras bajo el pretexto de la humedad, la comunidad se unió para salvar su "refugio".
"Para nosotros no es solo un jardín, es un espacio común donde podemos tener interacción... Ahí nos organizamos para entender lo que era una comunidad", explica Rosa y apunta que esto es fundamental para el tejido social de las ciudades.
Este antecedente les ayudó para enfrentar con mayor claridad y organización el desalojo silencioso que está realizando la Fundación Mier y Pesado y crearon el Colectivo Edificio Isabel.
Esta unión ya ha rendido frutos legales. El pasado 20 de febrero de 2026, el Colectivo logró que el INVEA clausurara las obras internas al detectar irregularidades y la falta de cumplimiento de las normas de conservación patrimonial. Es una victoria parcial, pero significativa, en una ciudad donde el desplazamiento parece una sentencia inevitable.
Los vecinos no solo exigen que se detengan las obras ilícitas; piden que el gobierno retome proyectos de vivienda social y leyes inquilinarias antes de que la fiebre del mundial termine por expulsar a los habitantes originarios de sus barrios.
Para Juana, Rosa y Manuel, el Edificio Isabel no es una cifra de dinero, sino un derecho humano que defienden con la fuerza de la memoria y la organización. Como dice Juana, ante la incertidumbre de un posible desalojo: "No me veo en otro lugar... no sabría dónde meter todo".
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Vecinos también exigen se respeten sus derechos humanos. Foto: Paola Paz
