Clara Brugada propone proteger a los inquilinos en CDMX, pero persisten dudas sobre el alza de rentas y la vivienda económica
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una propuesta para reforzar los derechos de quienes rentan una vivienda.
La iniciativa incluye asesoría legal sin costo, acompañamiento frente a desalojos y un registro obligatorio de contratos; no obstante, deja sin resolver una de las principales quejas de los residentes: detener el aumento en los precios de los alquileres.
La propuesta de la Ley de Rentas Justas busca mejorar los arrendamientos y resolver disputas entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, los especialistas advierten que las nuevas reglas podrían ser insuficientes si no se complementan con vigilancia eficaz, sanciones y políticas que amplíen la oferta de vivienda accesible.
Uno de los cambios clave es la creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, una instancia que ofrecería orientación y acompañamiento sin costo a quienes enfrenten dificultades con el alquiler.
Además, el proyecto prevé la participación de diversas dependencias de la capital para respaldar a las familias en riesgo de desalojo. La idea es que los inquilinos cuenten con herramientas institucionales para defender sus derechos y reciban atención ante posibles abusos en el arrendamiento.
Derechos de los inquilinos en la Ciudad de México
Otra medida propone un registro digital obligatorio para los contratos de renta. Según la propuesta, los propietarios contarían con 30 días tras la firma para inscribir el documento y con un periodo adicional de 30 días naturales para entregar la constancia al inquilino.
Los contratos deberían tener una duración mínima de un año. Además, los arrendadores no podrían transferir a los ocupantes los costos de elaborar los documentos.
La iniciativa busca atender prácticas como restricciones injustificadas por la presencia de niños o mascotas, límites de horarios, cobros excesivos por servicios y exigencias desproporcionadas de depósitos en garantía. No obstante, los especialistas consideran necesario precisar las conductas prohibidas y las consecuencias de no cumplir las disposiciones.
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El principal cuestionamiento al proyecto es que no ofrece herramientas nuevas y lo suficientemente claras para frenar el encarecimiento de la vivienda. Aunque en la capital ya existe una disposición que limita los incrementos de renta a la inflación, los precios siguen al alza.
Según datos de la plataforma inmobiliaria Inmuebles24 citados en la información publicada el 17 de octubre de 2026, los alquileres en la Ciudad de México subieron un 9.6 % entre julio de 2025 y julio de 2026.
Durante el primer semestre de este año, el aumento fue del 3.7 %, por encima de la inflación del 3.42 % registrada en el mismo periodo.
El proyecto prevé multas de hasta 47 mil pesos para los propietarios que no cumplan con el límite de aumento. Sin embargo, especialistas en derecho a la vivienda consideran que estas sanciones podrían ser insuficientes para disuadir las prácticas irregulares, sobre todo en un mercado donde la demanda supera la disponibilidad de inmuebles accesibles.
Aumento de los precios de renta y costo de la vivienda en CDMX
La ausencia de mecanismos de supervisión y sanciones más eficaces podría complicar la aplicación de las nuevas normas. Por tanto, un desafío será asegurar que las protecciones anunciadas se conviertan en beneficios reales para quienes destinan una parte considerable de sus ingresos al pago mensual de una vivienda.
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Más allá de las cláusulas contractuales, los especialistas indican que la crisis habitacional se vincula con la falta de inmuebles económicos, el desplazamiento de residentes y las variaciones de precios en diversas zonas de la capital.
Desde este enfoque, regular los arrendamientos no bastaría si el Gobierno no promueve una mayor construcción de vivienda social y alternativas adecuadas para jóvenes, familias y personas con ingresos limitados.
Gentrificación en CDMX y desplazamiento de habitantes por el encarecimiento de la vivienda
Otro riesgo señalado es que algunos propietarios retiren sus inmuebles del mercado tradicional para destinarlos al alojamiento temporal mediante plataformas digitales. Este escenario podría reducir aún más la disponibilidad de viviendas para quienes buscan establecerse de forma permanente en la ciudad.
La discusión también plantea la necesidad de contar con información más precisa sobre el mercado inmobiliario, junto con estudios que permitan conocer la disponibilidad de terrenos, las necesidades de los arrendatarios y los efectos de las medidas regulatorias.
En el Congreso capitalino, la bancada de Morena expresó su respaldo a la iniciativa y anticipó que acompañará su discusión legislativa. El siguiente reto será definir cómo se aplicarán las disposiciones, qué instituciones vigilarán su cumplimiento y qué herramientas se usarán para atender las denuncias.
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