La estrategia contra el despojo en CDMX busca proteger propiedades con prevención, atención legal y sanciones más severas ante agravantes.
Con el objetivo de evitar que más familias pierdan la certeza sobre sus bienes, autoridades capitalinas presentaron una nueva estrategia contra el despojo. La medida incluye acciones legales, prevención y atención especializada para responder ante posibles afectaciones a inmuebles en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los casos de despojo mantienen una tendencia estable. Bertha Alcalde Luján explicó que desde 2022 se reciben entre nueve y 10 denuncias diarias en promedio, una cifra similar a la registrada durante la última década.
Ante esta situación, el Gobierno capitalino anunció el fortalecimiento de las acciones para enfrentar a los grupos que buscan ocupar inmuebles de manera ilegal.
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Durante la presentación de la estrategia, Alcalde Luján detalló que se han revisado mil 32 casos dentro del Gabinete contra los Despojos.
Del análisis realizado se determinó que 644 expedientes no correspondían a este delito, mientras que 388 sí fueron clasificados como despojos. A partir de estas investigaciones se llevaron a cabo 317 acciones, entre ellas:
Entre las acciones anunciadas destaca la creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el despojo, además de un programa público de escrituración para brindar seguridad legal a las familias.
También se establecerán nuevos tiempos de respuesta, con 15 días para la restitución de inmuebles y 30 días para avanzar en la judicialización de los casos.
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Se implementará un protocolo de atención para emergencias por despojo y se fortalecerán las investigaciones con análisis criminales, además de crear un equipo especial para supervisar los procedimientos.
La nueva cartilla de prevención contempla acciones como mantener documentos actualizados, activar alertas inmobiliarias, regularizar herencias, guardar comprobantes de posesión y buscar asesoría jurídica antes de firmar acuerdos.
Las reformas al Código Penal elevan las sanciones hasta 22 años de prisión en casos agravados. Con la nueva estrategia, las autoridades buscan fortalecer la protección de los propietarios mediante prevención, atención rápida y herramientas legales contra ocupaciones irregulares.
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