La iniciativa plantea mediación, reparación del daño, audiencias públicas y Calpullis de Paz para atender disputas antes de que escalen a violencia.
La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica y atender conflictos vecinales antes de que deriven en hechos de violencia. La propuesta contempla mediación, reparación del daño, juicios orales y la creación de centros comunitarios llamados Calpullis de Paz.
El nuevo modelo busca intervenir en infracciones y disputas cotidianas mediante atención temprana y mecanismos restaurativos. Brugada resumió el objetivo como “pasar de una justicia que castiga después, a una justicia que previene antes”.
La iniciativa fue presentada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y deberá ser discutida por el Congreso capitalino. Mientras no sea aprobada, sus medidas forman parte de una propuesta y no de nuevas reglas vigentes.
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La iniciativa articula 10 ejes estratégicos que incluyen prevención, mediación, reparación del daño, mecanismos alternativos para ciertas conductas de baja gravedad y audiencias orales y públicas. También plantea fortalecer los juzgados cívicos e incorporar agentes psicosociales restaurativos.
Estos agentes evaluarían factores emocionales y sociales relacionados con algunas conductas infractoras y podrían canalizar a las personas a servicios psicológicos, tratamiento para adicciones, programas educativos o capacitación y empleo. La intención, según el planteamiento, es atender causas que influyen en los conflictos y reducir la reincidencia.
El nuevo esquema contempla tres vías de atención: detección anticipada de riesgos en las comunidades; reportes ciudadanos recibidos por canales como el 911, el SUAC y las asambleas vecinales; e intervención policial ante presuntas infracciones cívicas.
La consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, explicó que el modelo también busca promover hábitos cívicos, facilitar el diálogo y dar seguimiento a los casos.
Jefa de Gobierno y Gabinete. Foto: Gobierno de CDMX
La propuesta permitiría atender ciertos casos de daños a bienes muebles e inmuebles cuyo valor no exceda las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a alrededor de 5 mil 800 pesos. Para esos casos se plantean mecanismos de reparación del daño y sanciones como arresto o trabajo en favor de la comunidad.
También se considera una vía cívica para determinados casos de robo de bajo valor, siempre que no exista violencia ni reincidencia. La iniciativa menciona, además, ciertos supuestos de violencia verbal familiar, bajo condiciones estrictas y cuando no haya violencia física, agravantes o circunstancias que configuren un caso grave.
Jefa de Gobierno y gabinete. Foto: Gobierno de CDMX
Clara Brugada y la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, aclararon que la reforma no modifica el Código Penal ni elimina la posibilidad de acudir al Ministerio Público. Las personas agraviadas podrían optar por la vía penal o por la cívica, según corresponda, para buscar la devolución de bienes o la reparación del daño.
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Los Calpullis de Paz serían centros de gestión de conflictos sociales y comunitarios que podrían instalarse en Utopías, PILARES y otros espacios públicos. Ahí se ofrecerían servicios de mediación, conciliación y justicia restaurativa para resolver diferencias vecinales sin que necesariamente lleguen a un procedimiento judicial.
La estrategia La Policía Cerca de Ti y el programa Código 1: Policía en tu Calle apoyarían la detección y atención de conductas que afectan la convivencia. Entre ellas se encuentran riñas, intimidación, maltrato, consumo de alcohol en espacios públicos, maltrato animal, daños, pintas y disposición indebida de basura.
Jefa de Gobierno. Foto: Gobierno de CDMX
El Gobierno capitalino prevé destinar recursos desde 2027 para mejorar instalaciones y operación de los juzgados cívicos, así como incorporar personal especializado. La Constitución de la ciudad asigna a las alcaldías responsabilidades sobre esos espacios, pero Brugada anunció que el Gobierno central también participará en su fortalecimiento.
La propuesta también incluye jornadas itinerantes, acciones de prevención de violencia y adicciones, atención psicológica y acceso a oportunidades educativas y laborales. La jefa de Gobierno pidió al Congreso local discutir la iniciativa para avanzar en la reforma.
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