El crimen organizado habría encontrado una forma de extorsionar en el sector de comida diaria y en este conocido lugar
La extorsión, el cobro de piso y el robo de mercancías figuran entre los delitos que amenazan a comerciantes y transportistas en distintas cadenas de suministro de México.
En este escenario, la Central de Abasto (CEDA) de la CDMX destaca por su importancia económica y logística, así como por las denuncias sobre presuntas actividades de grupos criminales dentro y alrededor del complejo.
La presión delictiva sobre los mercados mayoristas puede repercutir en bodegueros, productores, distribuidores y consumidores, especialmente cuando las cuotas ilegales o las restricciones al transporte elevan los costos de comercialización de alimentos básicos.
Ubicada en la alcaldía Iztapalapa, la Central de Abasto es uno de los principales centros de distribución alimentaria de América Latina. Su extensión, el movimiento constante de mercancías y la circulación de dinero la convierten en un punto relevante para el abastecimiento de la Zona Metropolitana del Valle de México.
De acuerdo con reportes periodísticos, en el complejo y sus alrededores se han documentado denuncias de extorsión, amenazas y robo de productos. Estas condiciones también representan un desafío para las autoridades, debido a la cantidad de establecimientos, rutas de carga y operaciones comerciales que deben vigilar.
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Entre las organizaciones y células mencionadas en reportes sobre la actividad delictiva en la zona figuran La Unión Tepito, la Fuerza Anti-Unión, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana, además de agrupaciones locales identificadas como Los Volteados, Los Oaxacos, Los Tanzanios y Los Colchos.
Las denuncias atribuyen a presuntos integrantes de estas redes prácticas como el cobro de cuotas a comerciantes, amenazas contra sus familias y exigencias económicas a transportistas. Algunos reportes señalan montos que pueden variar de miles a decenas de miles de pesos, dependiendo del negocio y de la modalidad de extorsión.
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Una de las principales preocupaciones es que las organizaciones delictivas no se limiten a exigir dinero, sino que busquen influir en la distribución de productos, la contratación de transportistas y las condiciones de venta.
Cuando los comerciantes deben pagar cuotas ilegales o reemplazar mercancía robada, sus costos operativos pueden aumentar. En determinados mercados, estas presiones pueden trasladarse al precio final de productos como limón, pollo, aguacate y otros alimentos de consumo cotidiano.
También se han dado a conocer señalamientos sobre posibles mecanismos para ocultar drogas entre cargamentos comerciales y sobre rifas presuntamente impuestas a locatarios. La existencia y alcance de cada caso dependen de las investigaciones correspondientes.
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