Alan "N" también deberá realizar la reparación integral del daño, además de cubrir las terapias psicológicas.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una sentencia de 90 años de prisión contra Alan “N”, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de violación agravada en contra de su hija menor de edad, en un caso que evidencia la gravedad de la violencia familiar en la capital del país.
El fallo judicial no solo contempla la pena privativa de la libertad, sino también medidas de reparación integral del daño, incluyendo la cobertura total de terapias psicológicas especializadas para la víctima, con el objetivo de atender las secuelas emocionales derivadas de las agresiones.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre abril y julio de 2024 en un domicilio ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde el sentenciado aprovechó su vínculo familiar y posición de autoridad para agredir sexualmente a la menor en al menos tres ocasiones.
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Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas periciales, científicas y testimoniales que confirmaron el patrón de violencia. La autoridad judicial consideró las agravantes por parentesco, lo que permitió imponer una de las penas más altas previstas por la ley.
La captura de Alan “N” se llevó a cabo el 18 de febrero de 2025 en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, mediante un operativo de la Policía de Investigación (PDI). Tras su detención, fue puesto a disposición de las autoridades y permaneció en prisión preventiva durante todo el proceso.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México destacó que el caso fue integrado bajo protocolos con perspectiva de infancia, lo que permitió evitar la revictimización de la menor y garantizar un proceso judicial sólido que derivó en la sentencia condenatoria.
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Además de la condena, el juez ordenó la reparación integral del daño, un mecanismo que busca restituir los derechos de la víctima y garantizar su acceso a servicios de salud física y mental.
Especialistas señalan que este tipo de resoluciones son fundamentales para enviar un mensaje de cero tolerancia frente a delitos sexuales, particularmente cuando ocurren dentro del entorno familiar.
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