La evaluación ambiental del proyecto promovido por Hermandad en Armonía aparece suspendida por una solicitud de información adicional.
El procedimiento ambiental del proyecto “Restauración Integral de Instalaciones para la Preservación y Monitoreo de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna” se encuentra suspendido desde el 8 de septiembre, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solicitara información adicional dentro de su evaluación.
La suspensión no significa que el proyecto haya sido rechazado. Implica que el procedimiento queda detenido mientras se atiende el requerimiento de información de la autoridad ambiental, antes de que Semarnat continúe con el análisis y emita una resolución.
El proyecto, promovido por Hermandad en Armonía A.C., contempla siete intervenciones dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna: construcción y rehabilitación de módulos de servicio y sanitarios en diferentes puntos del Área Natural Protegida. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) señala una superficie conjunta de 454.144 metros cuadrados.
La pausa ocurre además después de una reunión pública de información en la que habitantes y organizaciones plantearon dudas sobre las características y alcances de las obras.
El proyecto se encuentra suspendido desde el 8 de septiembre, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solicitara información adicional dentro de su evaluación.
Una revisión de los documentos ambientales permite identificar diferencias en la ubicación que se atribuye a algunos componentes del proyecto dentro de la zonificación de Sierra La Laguna.
En la tabla de integración de la MIA se establece que el nuevo Módulo de Servicio MS-01, de 314.994 metros cuadrados, estaría en la Subzona de Uso Tradicional, mientras que el módulo MS-02, que sería rehabilitado, aparece en Subzona de Protección.
En esa misma tabla, los sanitarios MSN-01 y MSN-02 aparecen en Uso Público 1 y el MSN-05 en Protección.
Sin embargo, en otro apartado del expediente ambiental se presenta una distribución diferente: se señala que MSN-02 y MSN-05 están en la Subzona de Protección de la Zona Núcleo; MSN-01 en Uso Tradicional; y MS-01, MS-02, MSN-03 y MSN-04 en Uso Público 1.
La diferencia resulta relevante porque las actividades permitidas y las restricciones ambientales cambian dependiendo de la subzona de manejo en la que se encuentre cada obra, particularmente cuando se trata de la Zona Núcleo.
El propio Programa de Manejo citado en el estudio establece que en la Subzona de Protección se encuentran ecosistemas frágiles y únicamente pueden realizarse actividades que no impliquen modificación de los hábitats. El promovente sostiene que las instalaciones previstas en esa zona se ubicarían en sitios previamente impactados y no modificarían los hábitats naturales.
Mario Sánchez, director regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló tras la reunión pública que uno de los principales problemas observados es precisamente la falta de claridad sobre algunos elementos del proyecto.
“Existen inconsistencias en las definiciones tanto en lugares, en zonas del Área Natural Protegida”, señaló.
También cuestionó que no quedara suficientemente explicada la relación entre el promovente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
De hecho, la MIA sostiene que las instalaciones buscan apoyar tareas de investigación, monitoreo, conservación, vigilancia y manejo de la Reserva. En otro apartado se refiere a la “colaboración institucional” entre la asociación y Conanp, pero el propio documento habla de la “formalización de los subsecuentes instrumentos de colaboración”, es decir, instrumentos que se formalizarían posteriormente.
Para Sánchez, este punto requiere claridad porque el proyecto plantea instalaciones vinculadas con funciones propias de la operación y conservación del Área Natural Protegida.
También cuestionó que no quedara suficientemente explicada la relación entre el promovente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
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El representante de CEMDA también señaló que durante la reunión pública no quedaron suficientemente desarrollados los impactos asociados a la cadena de suministro y al traslado de los materiales necesarios para las obras.
“Los impactos ambientales de toda la cadena de suministros tampoco se están viendo reflejados en la explicación”, señaló Sánchez, quien agregó que persisten dudas sobre materiales, tipo de construcción, dimensiones y localización de las intervenciones.
La MIA establece que parte de los componentes serían prefabricados en Santiago para reducir las actividades dentro de la Reserva. Sin embargo, contempla que el traslado de personal y suministros pueda realizarse mediante burros, caballos y helicóptero.
Al mismo tiempo, el estudio señala que no se prevén emisiones contaminantes durante la preparación y construcción porque no se utilizaría maquinaria pesada y el ensamblaje se realizaría con herramientas manuales y equipo ligero.
Para CEMDA, precisamente los impactos asociados a toda la cadena necesaria para introducir materiales al Área Natural Protegida requieren una explicación más amplia.
Sánchez también cuestionó la forma en que el promovente presentó la información durante el ejercicio organizado como parte del procedimiento ambiental.
Explicó que parte de la exposición y las láminas fueron elaboradas mediante inteligencia artificial, algo que, dijo, no había observado en 19 años de participar en este tipo de procedimientos.
Más allá de la herramienta utilizada, consideró que el problema estuvo en la profundidad de las respuestas.
“La información ha sido bastante escueta, las respuestas no han surgido sobre las preguntas muy particularizadas de la población”, sostuvo.
El especialista explicó que las preguntas que no hayan sido respondidas deben quedar registradas en el acta de la reunión pública, pues este mecanismo forma parte del proceso mediante el cual la población puede conocer el proyecto y expresar observaciones.
También aclaró que una reunión pública incompleta no determina por sí misma que Semarnat deba negar la autorización, aunque sí forma parte del proceso de participación que la autoridad deberá considerar.
Con el procedimiento suspendido desde el 8 de septiembre, el proyecto permanece sin una resolución ambiental definitiva.
La asociación promovente deberá atender la solicitud de información adicional para que Semarnat pueda continuar con la evaluación. Será hasta concluir el procedimiento cuando la autoridad determine si autoriza el proyecto, lo condiciona o niega su realización.
Sánchez consideró que durante este periodo también debe transparentarse qué ocurre con los materiales que permanecen en la zona, el uso de helicópteros y los procedimientos relacionados con intervenciones anteriores.
“La falta de transparencia siempre va a ser un riesgo para el medio ambiente”, afirmó.
El expediente adquiere especial relevancia porque las siete intervenciones planteadas se encuentran dentro de una Reserva de la Biosfera y algunas de ellas son ubicadas por los propios documentos del proyecto en zonas sujetas a mayores restricciones ambientales.
Mientras Semarnat analiza la información complementaria, las diferencias encontradas en los documentos, la relación planteada con Conanp y los impactos derivados de la logística para introducir materiales permanecen entre los puntos que requieren mayor claridad dentro del procedimiento ambiental.
