La Patrulla Espiritual aseguró que asistirán personas de distintos estados del país, asociaciones civiles, iglesias y centros de rehabilitación.
La agrupación “Patrulla Espiritual” anunció una marcha pacífica en Tijuana, luego de la polémica por el caso de Karime, una mujer trans que recientemente salió de la clínica de rehabilitación Jireh tras obtener un amparo federal.
La invitación fue compartida en redes sociales mediante un video publicado por integrantes del grupo, quienes afirmaron que personas de diferentes estados de México viajarán a la ciudad para participar en la movilización.
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Jesús Emanuel Valdivia, conocido como “El Chikilín” y representante del centro de rehabilitación Jireh y del grupo Patrulla Espiritual, anunció una marcha pacífica que se realizará el miércoles 27 de mayo de 2026 en Tijuana.
Los organizadores aseguran que podría tratarse de una de las movilizaciones más grandes que se han visto recientemente en la ciudad, ya que esperan la participación de grupos y asociaciones provenientes de distintos estados del país.
Para facilitar la asistencia, se contempla el traslado de personas en autobuses que saldrán desde Ensenada, Tecate y Mexicali.
Además, señalaron que la invitación está dirigida a centros de rehabilitación, grupos religiosos y ciudadanos que deseen sumarse a la movilización.
También informaron que más adelante darán a conocer los horarios y puntos exactos de salida para quienes participen desde cada municipio.
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La movilización fue anunciada tras la salida de Karime de la clínica Jireh luego de un amparo federal. Foto: Facebook / Patrulla Espiritual
De acuerdo con el mensaje difundido por la organización, la marcha busca expresar públicamente su postura sobre los procesos de rehabilitación y el derecho a la salud.
Esto después de las acusaciones en su contra por presunta privación ilegal de la libertad y supuestas terapias de conversión hacia Karime.
El vocero del grupo señaló que la movilización también pretende dar voz a personas que, según dijo, no encuentran espacios para expresar sus problemas ante las autoridades.
La convocatoria surgió después de la polémica legal y mediática que involucró a la clínica Jireh, colectivos de la diversidad sexual y autoridades judiciales.
Integrantes de la agrupación afirmaron que consideran que ha existido intervención externa en decisiones relacionadas con pacientes internados, por lo que aseguraron que la marcha también busca respaldar la continuidad de los apoyos y servicios que ofrecen en sus centros.
El representante del lugar criticó públicamente a los colectivos que solicitaron la intervención de autoridades federales; según dijo, después de que Karime salió de la clínica, ninguna agrupación acompañó o brindó apoyo a la familia.
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El caso de Karime mantiene abierta una investigación de la Fiscalía de Baja California por presunta privación ilegal de la libertad. Foto: Facebook / Patrulla Espiritual
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La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) confirmó que abrió una carpeta de investigación por presunta privación ilegal de la libertad, registrada bajo el expediente NUC 04/2026/14466, tras la denuncia presentada por colectivos de la diversidad sexual.
La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, señaló que la investigación se inició formalmente después de que activistas entregaran videos y material audiovisual sobre lo ocurrido con Karime Emmanuel Ceballos.
Según explicó la titular de la FGE, en las grabaciones se aprecia el momento en que integrantes de la agrupación; presuntamente, fuerzan a la víctima a subir a un vehículo, pese a que ella manifestaba resistencia y pedía ayuda.
También indicó que en los videos se observa la participación de otras personas presentes en la zona, quienes aparentemente ayudaron a controlar y someter a Karime durante el traslado.
Además de que el delito que actualmente se investiga es privación ilegal de la libertad; sin embargo, aclaró que la carpeta permanece abierta para determinar si existen otros posibles delitos relacionados con los hechos.
La dependencia estatal añadió que agentes de investigación ya realizan entrevistas, revisión de videos y recopilación de pruebas para esclarecer cómo ocurrió el traslado y si existió consentimiento por parte de la víctima.
El caso también provocó reacciones de distintas dependencias del Gobierno de Baja California, las cuales plantearon reforzar la supervisión y vigilancia de los centros de rehabilitación en el estado.
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