El ejecutivo financiero Todd Burkhalter compró un condominio de lujo frente al mar en Cabo San Lucas con dinero del fraude millonario que operaba en EE.UU.
Un fraude financiero de cientos de millones de dólares en Estados Unidos ha terminado “salpicando” a Baja California Sur. El ejecutivo Todd Burkhalter, un estadounidense de Florida, aceptó haber encabezado un esquema Ponzi que defraudó a más de 2,000 inversionistas por unos 380 millones de dólares.
Parte de esos recursos salieron de forma ilícita y se destinaron a lujos como yates, autos de alta gama… y una lujosa residencia en Cabo San Lucas. Este destino turístico famoso por sus playas y mansiones de lujo aparece ahora vinculado al escándalo internacional.
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Todd Burkhalter es un empresario financiero estadounidense de 54 años, originario de St. Petersburg, Florida. Fue el fundador y director general de Drive Planning LLC (registrada en Georgia en 2015), firma donde promocionaba sus inversiones supuestamente inmobiliarias.
En aquel rol, se presentó como autor y estratega financiero, alimentando la confianza de clientes con un lema motivador (“keep more, make more, live more”).
Burkhalter animaba a inversores de a pie a retirar fondos de su retiro o solicitar créditos para invertir en sus proyectos. Incluso viajó a Colombia y ofreció membresías de inversión, prometiendo 10% de interés trimestral como un esquema revolucionario.
En realidad, no existían proyectos inmobiliarios concretos; las autoridades encontraron que Drive Planning operaba sin un software formal de contabilidad, llevando a cabo el fraude con simples hojas de cálculo estilo Ponzi.
Foto: @toddburkhalter / Instagram
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El fraude de Burkhalter operó durante años en Georgia y otros estados, bajo la fachada de su empresa financiera Drive Planning LLC. Allí prometía rendimientos muy altos y “seguros” a quien invirtiera dinero, incluso garantizándolos con bienes raíces inexistentes.
A los clientes les ofrecía retornos del 10% cada tres meses y les insistía que todo era “fácil y sin riesgo”. En realidad, los documentos que mostraba como respaldo eran falsos y las inversiones nunca se realizaban.
Los pagos a los primeros inversionistas se hacían con el dinero de los nuevos, tal como en todo esquema Ponzi tradicional. De enero de 2020 a junio de 2024, Burkhalter recibió aportes por al menos 380 millones de dólares de más de 2,000 víctimas.
Los agentes del FBI y la SEC descubrieron que una buena parte de esos fondos se utilizó en el estilo de vida personal de Burkhalter en lugar de inversiones reales. Fue un gigantesco esquema Ponzi que terminó colapsando cuando dejaron de llegar nuevos recursos.
Foto: @toddburkhalter / Instagram
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Entre los bienes adquiridos con los fondos defraudados hay varios artículos de lujo: un yate de unos 2 millones de dólares, 800 mil dólares en vehículos de alta gama incluido un autobús Prevost Marathon 2020 y dos Land Rover 2024, vuelos privados, 320 mil dólares en ropa, joyas y tratamientos de belleza.
Pero lo que más llamó la atención en México fue un condominio de lujo en Cabo San Lucas, con un valor de más de 2.1 millones de dólares.
En 2024 la SEC consiguió una orden judicial que detuvo los esquemas y nombró un síndico para liquidar los bienes mal habidos.
Foto: @toddburkhalter / Instagram
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Más de 2,000 personas resultaron afectadas por el esquema de Burkhalter, con pérdidas acumuladas en torno a los 380 millones de dólares. Muchos eran inversionistas promedio que invirtieron sus ahorros, fondos de retiro o pidieron préstamos atraídos por la promesa de altos rendimientos.
Ellos depositaban dinero en Drive Planning pensando que era seguro, convencidos de que estaba respaldado con bienes raíces reales. Cuando desapareció la fachada de la empresa, miles vieron cómo se diluyeron sus recursos.
Burkhalter se declaró culpable de fraude electrónico en enero de 2026. Como parte del acuerdo de culpabilidad, el gobierno de EE.UU. recomienda sentenciarlo a unos 17 años de prisión.
De hecho, un tribunal fijó para el 17 de marzo de 2026 la audiencia de sentencia. Además de Burkhalter, ya fue acusado y condenable su ex director de operaciones (quien admitió haber participado en el fraude).
En paralelo, un funcionario judicial intenta devolver algo de dinero a las víctimas a través de la venta de los bienes incautados.
