El exfuncionario de Baja California Sur, encargado de coordinar sistemas y plataformas tecnológicas estatales, es investigado.
Juan Ignacio "N" volvió a aparecer en la agenda pública luego de que el gobierno de Baja California Sur confirmara una investigación relacionada con presuntas irregularidades patrimoniales. El exfuncionario encabezó durante varios años el área de Informática estatal.
Actualmente, su perfil profesional y funciones dentro de la administración pública continúan visibles en directorios oficiales del Gobierno del Estado.
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Juan Ignacio "N" desempeñaba el cargo de director general de Informática dentro del Gobierno de Baja California Sur, un área técnica adscrita directamente a la Secretaría de Finanzas y Administración.
El funcionario cuenta con una formación académica que incluye el grado de Doctor en Tecnologías de la Información y Negocios Electrónicos por la Universidad Popular Autónoma de Puebla.
Durante el inicio de la administración del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, Rivas González impulsó proyectos orientados a la modernización tecnológica del estado, enfocados en la automatización de trámites ciudadanos, el desarrollo de sistemas internos y el fortalecimiento de la seguridad digital.
Al frente de la Dirección General de Informática, sus responsabilidades oficiales consistían en administrar los recursos tecnológicos del gobierno estatal, coordinar las redes de voz y datos, y dar mantenimiento a la página de internet oficial.
Asimismo, el área a su cargo, que incluye los departamentos de Administración de Sistemas Operativos y Bases de Datos, Redes y Telecomunicaciones, y Desarrollo de Sistemas de Información, poseía la facultad exclusiva de elaborar los dictámenes técnicos necesarios para autorizar la adquisición y regulación de todo el equipamiento informático de las dependencias gubernamentales.
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El exdirector de Informática formó parte de la estructura de la Secretaría de Finanzas y Administración en Baja California Sur. Foto: Biblioteca Canva
El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó públicamente la apertura de una investigación en contra del exdirector del área de Informática por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Las indagatorias comenzaron a raíz de una serie de denuncias ciudadanas y auditorías internas que detectaron inconsistencias entre los ingresos percibidos por el funcionario y los bienes materiales que integran su patrimonio actual.
Como parte de las primeras acciones del procedimiento legal en curso, el Ejecutivo estatal confirmó el aseguramiento precautorio de al menos dos vehículos de lujo propiedad del investigado.
El mandatario estatal explicó que se ordenó una revisión exhaustiva de las declaraciones patrimoniales presentadas por el servidor público para confrontar formalmente sus ingresos legales contra las propiedades adquiridas durante el periodo de su gestión.
Aunque precisó que las autoridades competentes aún no pueden adelantar conclusiones definitivas sobre los montos económicos totales o las responsabilidades penales.
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Autoridades estatales realizan revisiones patrimoniales y financieras como parte del proceso de investigación. Foto: Secretaría de Finanzas de Baja California Sur
El seguimiento del expediente fue canalizado a instancias especializadas en delitos financieros y administrativos para garantizar la legalidad del proceso.
La Fiscalía Anticorrupción del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera son las dependencias encargadas de realizar el rastreo de las cuentas bancarias, transacciones y propiedades vinculadas al exfuncionario para determinar si los recursos económicos tienen un origen lícito.
Debido a la naturaleza de los señalamientos y a lo que el gobierno estatal calificó como una pérdida de confianza, el exfuncionario inició su proceso de separación formal del cargo mediante el trámite administrativo de entrega-recepción de la oficina, a pesar de que su nombre todavía figura en algunos directorios gubernamentales vigentes.
El gobernador de la entidad subrayó que la investigación responde a una instrucción directa para combatir prácticas de corrupción dentro de la estructura estatal, asegurando que todos los casos notificados formalmente por la ciudadanía serán turnados a los tribunales siempre que se aporten pruebas verificables.
