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Pueblos choyeros exigen una diputación propia en el Congreso de BCS

Guillermo Trasviña y otros representantes de comunidades sudcalifornianas solicitaron un espacio legislativo para defender los derechos de los pueblos originarios de BCS

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Representantes de los pueblos originarios de Baja California Sur acudieron al Congreso del Estado para exigir que las comunidades choyeras cuenten con una diputación propia, mediante la cual puedan tener voz y representación en las decisiones legislativas que afectan a sus territorios y actividades.

Guillermo Trasviña, quien participó en el encuentro, sostuvo que los pueblos originarios sudcalifornianos han sido invisibilizados y que necesitan un espacio ocupado por una persona nativa de la entidad, con arraigo y compromiso con sus comunidades.

“Hoy exigimos y estamos pidiendo buscar ya un espacio para que estén reconocidos nuestros pueblos originarios con un curul, con un espacio, con una persona que nos represente auténticamente a los pueblos. ¿Por qué los pueblos? Porque los pueblos están invisibilizados”, expresó.

La petición también se relaciona con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios choyero-californianos, que, de acuerdo con Trasviña, quedó establecido en el artículo séptimo de la Constitución de Baja California Sur y en el decreto 3299. Sin embargo, aseguró que ese reconocimiento fue impugnado mediante un amparo promovido por grupos indígenas.

Piden representación para rancheros, pescadores y agricultores

Trasviña señaló que la falta de representación deja en desventaja a distintos sectores de la población sudcaliforniana, entre ellos rancheros, pescadores y agricultores, quienes, afirmó, enfrentan restricciones para desarrollar sus actividades tradicionales.

“ Ahorita el ranchero, el pescador, el agricultor, cualquiera es objeto de criminalizar su actividad y hacerlo delincuente porque trae leña, porque trae piedra, porque trae arena, porque trae una hoja de palma”, manifestó.

Por ello, insistió en que la representación legislativa debe recaer en una persona que conozca las condiciones de Baja California Sur y defienda los derechos de quienes habitan sus comunidades rurales.

Durante la intervención, también mencionó al diputado Sergio Huerta Lec, a quien manifestó su respaldo por considerar que ha levantado la voz en favor de los rancheros y otros sectores de la entidad.

Reclaman falta de consulta sobre el territorio

Reclaman falta de consulta sobre el territorio

Cuestionan aprobación de la ley ambiental en BCS

Otro de los reclamos expuestos durante la reunión fue la aprobación de la legislación estatal en materia de ecología. Trasviña aseguró que anteriormente se había acordado socializar la propuesta con las comunidades, luego de que habitantes y representantes se manifestaran en el Congreso.

Sin embargo, sostuvo que ese compromiso no se cumplió y cuestionó que la ley avanzara sin una consulta que, desde su perspectiva, garantizara la participación de los pueblos originarios.

“Se iba a socializar, se iba a hacer una ley digna, se iba a proteger al ranchero, se iba a proteger el agua, se iba a proteger Sierra La Laguna. Lástima, trabajo, esfuerzo que hicimos”, declaró.

El representante consideró que la legislación podría tener consecuencias sobre la propiedad de la tierra y el manejo del territorio. También señaló que los instrumentos de planeación urbana podrían influir en las decisiones relacionadas con áreas naturales y zonas serranas.

En sus declaraciones, acusó al diputado Eric Iván y al Partido Verde Ecologista de México de poner en riesgo la Sierra de la Laguna y otros territorios. Estas afirmaciones fueron planteadas por los manifestantes y no constituyen, por sí mismas, una comprobación de afectaciones o irregularidades.


Reclaman falta de consulta sobre el territorio

Por su parte, Guadalupe Antonio Castro Crespo, integrante de la organización Unificación y Defensa de Pueblos Originarios de Baja California Sur, recordó que en 2023 participaron en protestas contra cambios relacionados con la legislación ambiental y la posibilidad de declarar áreas naturales protegidas.

Castro Crespo afirmó que existía preocupación por las atribuciones que podrían tener las autoridades estatales y municipales en materia de ordenamiento territorial y protección de zonas serranas.

También sostuvo que el 10 de enero de 2025 hubo un compromiso para realizar consultas públicas en comunidades de la zona norte y sur del estado, pero aseguró que no se llevaron a cabo.

“Se comprometieron a hacer una consulta pública pueblo por pueblo para la zona norte y la zona sur y el Congreso del Estado, sinceramente, no hizo ni madre con el pedo de la palabra. No hicieron una sola consulta al respecto”, expresó.

El representante también cuestionó la participación de organizaciones externas en la elaboración de instrumentos de planeación urbana y manifestó su preocupación por la intervención de intereses privados en decisiones relacionadas con el territorio sudcaliforniano.

Buscan que los recursos destinados a pueblos originarios lleguen a las comunidades

Castro Crespo insistió en que la representación que solicitan debe estar vinculada con las comunidades de Baja California Sur y con la defensa de sus derechos, no con intereses políticos o grupos ajenos a la entidad.

“Necesitamos tener un representante nativo de Baja California Sur y que el recurso que viene para los pueblos originarios en Baja California Sur sea para los pueblos originarios de Baja California Sur, no para grupos políticos que lo han formado”, señaló.

Finalmente, ambos representantes reiteraron que continuarán buscando el reconocimiento de los pueblos choyero-californianos y un espacio en el Poder Legislativo estatal.

La exigencia, expusieron, no se limita a obtener una curul, sino a contar con una representación que defienda a rancheros, pescadores, agricultores y comunidades sudcalifornianas en las decisiones sobre sus derechos, tierras y recursos naturales.


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