La propuesta en BCS busca incluir el acoso en espacios públicos como violencia y obligar a las autoridades a prevenirlo.
En Baja California Sur el acoso en espacios públicos podría ser reconocido como una forma de violencia, en medio de casos recientes denunciados por mujeres, como señalamientos de abuso contra bomberos en Cabo San Lucas.
La propuesta fue planteada durante una sesión ordinaria y forma parte de una serie de cambios que buscan actualizar el marco legal en el estado en materia de protección a mujeres y niñas.
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El diputado Erick Ivan Agúndez Cervantes del Partido Verde Ecologista de México envió al Congreso de Baja California Sur este martes 14 de abril una propuesta para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de incluir oficialmente el acoso en espacios públicos.
De manera específica plantea adicionar y reformar los siguientes artículos:
Foto: Congreso de Baja California Sur
La iniciativa busca que conductas como frases ofensivas, gestos obscenos o tocamientos en la vía pública dejen de verse como incidentes aislados y se reconozcan legalmente como una modalidad de violencia.
De aprobarse, las autoridades tendrían facultades más claras para intervenir y sancionar estas acciones que afectan principalmente a las mujeres en su día a día.
La iniciativa define el acoso en espacios públicos como aquellas conductas físicas o verbales con connotación sexual que ocurren en lugares como calles, parques o el transporte público.
Esto incluye desde comentarios sobre el cuerpo y gestos que resulten humillantes, hasta persecuciones o tocamientos. El objetivo es proteger la dignidad y el derecho de las personas a transitar libremente sin sentirse inseguras o intimidadas por desconocidos.
Actualmente, muchas de estas situaciones se quedan sin castigo porque no están bien definidas en la ley estatal. Al darles un nombre y una categoría legal, se busca que las víctimas tengan un respaldo jurídico para denunciar y que las instituciones cuenten con protocolos específicos para actuar ante estos reportes.
A inicios de 2026 en el estado se presentó una iniciativa para la suspensión preventiva obligatoria de docentes investigados por delitos sexuales.
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La relevancia de esta propuesta radica en que el acoso callejero suele ser la primera forma de violencia que enfrentan las mujeres, muchas veces desde edades tempranas.
Al no estar reconocido formalmente, se tiende a normalizar o minimizar el impacto que tiene en la vida de quienes lo padecen, quienes muchas veces cambian sus rutas, horarios o forma de vestir para evitar estas agresiones.
Si el Congreso aprueba la reforma, Baja California Sur se sumaría a otras entidades del país que ya cuentan con mecanismos para sancionar estas conductas.
Esto implicaría no solo multas o arrestos administrativos, sino también la obligación de implementar campañas de prevención y sensibilización para que la ciudadanía entienda que el espacio público debe ser seguro para todos.
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Después de su presentación ante el pleno, la propuesta debe ser enviada a las comisiones correspondientes para su análisis detallado.
En esta etapa, los diputados revisarán cómo se integrará con las leyes actuales y qué sanciones serían las más adecuadas. Una vez que las comisiones emitan un dictamen, el proyecto regresará al pleno para ser votado por todos los legisladores.
De ser aprobada, entrará en vigor después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado; esto cobra relevancia por los delitos contra mujeres registrados en la entidad, donde hasta finales de marzo se contabilizaban 165 denuncias por delitos sexuales.
