Padres de familia de un grupo de tercer grado del kínder Marcelo Rubio Ruiz bloquean calles de La Paz por falta de docente.
Padres de familia en La Paz, Baja California Sur, bloquean calles por falta de maestra en kínder Marcelo Rubio Ruiz en un grupo de tercer grado que lleva días sin clases.
Esto surge mientras en los últimos años se han registrado diversos casos de cierre de grupos e incluso de escuelas completas, una situación que mantiene en alerta a padres y madres de familia.
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Desde muy temprano, madres y padres de familia decidieron bloquear las vialidades de las calles Garzas y Colima como medida de presión ante la falta de respuesta de las autoridades educativas.
La protesta surgió luego de que, según denunciaron, se agotaron todas las vías administrativas posibles sin obtener solución a la falta de una maestra suplente para el grupo de tercero A.
De acuerdo con la madre de familia, Mayra Chávez, la decisión de cerrar las calles se tomó tras una reunión con autoridades educativas que, lejos de ofrecer una solución, acudieron sin una respuesta formal y, aseguran, con actitudes de intimidación y descalificación hacia el personal docente y directivo del plantel.
El problema se originó cuando la maestra titular del grupo tuvo que retirarse por motivos de salud antes del periodo vacacional. Desde entonces, y pese a que se esperaba la asignación de una suplente al regreso a clases, esto no ocurrió.
A la fecha, los alumnos acumulan varios días sin asistir a clases, mientras que la autoridad ha planteado como alternativa dividir al grupo entre otros salones, lo cual ha sido rechazado por los padres debido a las condiciones del plantel y la presencia de alumnos con barreras de aprendizaje que requieren atención especializada.
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El bloqueo se realizó en las calles Garzas y Colima como medida de presión tras no obtener respuesta a sus solicitudes. Foto: Rocío Casas / POSTA Baja California Sur
Isabel Peña, representante del Movimiento Preescolar señaló que otro de los puntos centrales del conflicto es la situación de los alumnos que reciben apoyo del programa Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).
Informó que un porcentaje importante de los estudiantes del plantel presenta barreras de aprendizaje, lo que requiere atención más personalizada dentro de las aulas.
Sin embargo, la propuesta de las autoridades de dividir al grupo de tercer grado entre otros salones implicaría sobrecargar a docentes que ya atienden a varios alumnos con estas condiciones.
En algunos casos, señalaron, hay grupos donde más de la mitad de los estudiantes requieren este tipo de acompañamiento, lo que rebasa la capacidad de atención adecuada.
Los padres consideran que esta medida vulnera el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales, ya que no se estarían garantizando las condiciones necesarias para su aprendizaje.
Además, acusaron que minimizar estas necesidades por parte de la autoridad refleja desconocimiento o desinterés en la inclusión educativa.
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Con pancartas, los manifestantes pidieron atención de las autoridades educativas ante la falta de docente para un grupo de tercer grado. Foto: Rocío Casas / POSTA Baja California Sur
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Ante la falta de soluciones, las madres de familia de este plantel informaron que ya interpusieron diversas quejas formales ante distintas instancias.
Entre ellas se encuentran la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Contraloría, el órgano interno de control del sistema educativo y la dirección anticorrupción de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Las denuncias incluyen señalamientos por presunto abuso de autoridad, violencia institucional, discriminación hacia alumnos con barreras de aprendizaje y la posible violación al derecho a la educación y a la continuidad pedagógica de los menores.
Además, señalaron que no han logrado establecer mesas de trabajo formales con autoridades educativas, ya que las reuniones han sido informales y sin acuerdos por escrito.
También acusaron que no se ha presentado ningún documento oficial que respalde las decisiones propuestas por la autoridad, como la atención del grupo por parte de la directora o la redistribución de los alumnos.
Mientras tanto, los padres y madres de familia mantienen su exigencia principal: la asignación inmediata de una educadora suplente que garantice la continuidad educativa de los niños afectados.
Cabe destacar que hace unos meses, desde el Congreso del Estado se exhortó a la Comisión de Derechos Humanos a conducirse con mayor transparencia y apego a los derechos humanos.
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