El Congreso del Estado aprobó la nueva legislación con mayoría de votos a favor; sin embargo, familias advierten que no garantiza derechos ni acciones concretas.
El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la nueva Ley de Autismo con mayoría de votos a favor y algunos en contra, en medio de señalamientos por parte de colectivos y padres de familia que cuestionan su efectividad.
La legislación, que fue una de las primeras con que inició el segundo periodo de la XVII Legislatura ha generado preocupación entre colectivos, especialistas y padres de familia, quienes han reiterado que el nuevo marco legal presenta vacíos que impiden su aplicación efectiva.
Aunque el Congreso avaló la legislación como un avance en materia de inclusión y derechos humanos, diversas voces señalan que el documento se queda en el discurso y no garantiza acciones concretas.
En entrevista, Marcela Arrevillaga explicó que el origen de esta ley deriva de una acción de inconstitucionalidad, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara realizar una consulta ciudadana.
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“El trabajo de esta ley surge por una acción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte manda hacer una consulta porque la ley anterior no contaba con la participación de las personas autistas ni de sus familias”, señaló.
Marcela Arrevillaga. Foto: Rocío Casas.
Detalló que dicha consulta fue organizada por comisiones legislativas encabezadas por las diputadas Dalia Collins y Martín Escogido.
Sin embargo, la inconformidad principal radica en que la ley aprobada no brinda certeza jurídica que garantice los derechos y necesidades de este sector.
Uno de los ejemplos más claros, dijo, es la falta de bases legales para la asignación de maestras monitoras o de apoyo en las aulas.
“Nos dicen que hay temas que se deben legislar a nivel federal, pero también hay cosas que el Estado puede hacer. No todo tiene que venir de la federación; el Estado tiene responsabilidad para atender estas necesidades urgentes”, afirmó.
Arrevillaga subrayó que esta situación impacta directamente en el ámbito educativo, donde docentes enfrentan condiciones complicadas.
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“En un salón puede haber 20 o más alumnos, y entre ellos uno o dos con autismo o alguna discapacidad. Si para una madre es difícil, imagínate para un docente solo, sin capacitación, ni herramientas para intervenir en una crisis”, explicó.
Advirtió que esta falta de preparación y apoyo no solo afecta a los estudiantes, sino que también representa una vulneración de derechos.
“Estamos cayendo en una invalidación de derechos y de dignidad, porque no estamos protegiendo ni a los menores, ni a los docentes”, agregó.
Otro de los puntos críticos es el tema del presupuesto. Señaló que la ley no garantiza recursos suficientes para terapias y tratamientos, los cuales representan un gasto considerable para las familias.
“El tratamiento es costoso y muchas familias no pueden solventarlo sin apoyo. Si no hay presupuesto claro, la ley queda incompleta”, comentó.
Manifestación en el Congreso de BCS por considerar incompleta la Ley de Autismo. Foto: Rocío Casas.
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Entre los principales aspectos que reforma y establece la ley se encuentran:
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Aunque la nueva legislación representa un avance tras la invalidación de la anterior, padres de familia y colectivos coinciden en que aún existen importantes áreas de oportunidad para que realmente responda a las necesidades de las personas con autismo en Baja California Sur.
