Las funcionarias de Baja California señalaron que las acusaciones contra Rubén Rocha deben revisarse por autoridades mexicanas.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, cuyos nombres aparecieron recientemente en el llamado “tendedero sin visa” colocado en Mexicali, respaldaron la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Las declaraciones ocurrieron después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA acusaran a Rocha Moya de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.
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La gobernadora y la alcaldesa cerraron filas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a la situación legal del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA formalizaran cargos contra Rocha por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, las mandatarias bajacalifornianas insistieron en que cualquier investigación debe realizarse bajo las leyes mexicanas y con pruebas contundentes, rechazando intervenciones extranjeras.
Tanto la gobernadora como la alcaldesa replicaron el mensaje emitido por la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina.
La presidenta fue clara al señalar que, aunque no se encubrirá a nadie, solo se procederá si la Fiscalía General de la República (FGR) encuentra elementos bajo la jurisdicción nacional, calificando las imputaciones de Estados Unidos como un posible objetivo "político" si no hay pruebas irrefutables.
Marina del Pilar coincidió en que el proceso debe llevarse con "verdad, justicia y pegado a la ley". Por su parte, Norma Bustamante afirmó haber escuchado con atención el mensaje presidencial, destacando que las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de EE. UU. no han sido suficientes para las autoridades mexicanas.
Bustamante señaló que serán las autoridades mexicanas las que determinen si existe alguna responsabilidad o delito en el caso, por lo que dijo que esperarán a los resultados oficiales de las investigaciones.
A inicios de 2026, un reportaje de The New York Times mencionó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila dentro de reportes sobre revisiones realizadas en Estados Unidos, luego de que ella misma confirmó que su exesposo era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
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Rubén Rocha Moya enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA. Foto: Facebook / Rubén Rocha
El caso de Rubén Rocha Moya ha despertado suspicacias en la política local debido a que varios perfiles de Morena en Baja California también han enfrentado problemas con sus visados estadounidenses.
Presuntamente, desde el regreso de Donald Trump al poder, se ha cancelado el visado a figuras estratégicas como la propia gobernadora Marina del Pilar y la alcaldesa Norma Bustamante, además de la diputada Araceli Brown y otros alcaldes de la región.
Incluso, en marzo de 2026, apareció un "tendedero" en el muro fronterizo de Mexicali-Calexico con las fotos de estos funcionarios y la leyenda "sin visa".
Aunque no existe una acusación formal en cortes de EE. UU. contra ellas como la que enfrenta el gobernador de Sinaloa, la coincidencia en la revocación de documentos migratorios ha alimentado especulaciones en redes sociales sobre posibles investigaciones en curso por parte del gobierno estadounidense.
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Las declaraciones de las funcionarias de Baja California ocurrieron en medio de la polémica por el caso Rocha Moya y las especulaciones sobre políticos sin visa en la frontera norte. Foto: Facebook / Norma Bustamante
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Uno de los puntos más críticos en la opinión pública es la situación de Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora.
Torres ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente por sospechas de lavado de dinero y relación con la facción de "Los Rusos" del Cártel de Sinaloa.
Según investigaciones periodísticas, existiría una carpeta de investigación en la FGR (FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000556/2025) que menciona supuestos pagos mensuales de 150 mil dólares para facilitar operaciones ilícitas.
Marina del Pilar reconoció públicamente en enero de 2026 que sabía de la investigación contra su exesposo, Carlos Torres, aunque meses antes había dicho que los citatorios filtrados tenían fines políticos.
Por su parte, Torres ha asegurado que está dispuesto a aclarar las acusaciones que considera falsas.
Aun así, el hecho de que tanto él como la gobernadora perdieran su visa estadounidense en 2025 por presuntas sospechas similares a las que hoy enfrentan funcionarios de Sinaloa ha mantenido el tema en la conversación pública y política en Baja California.
Sin embargo, no es el único mandatario del estado bajo investigación, ya que el exgobernador de Baja California también enfrenta indagatorias por parte de la Fiscalía General de la República por diversos presuntos delitos.
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