Las madres buscadoras de Los Cabos alertaron sobre presuntas irregularidades en el centro de rehabilitación antes del cateo.
Las madres buscadoras de Los Cabos denunciaron públicamente al centro de rehabilitación Albergue María Loreto León Beltrán en Los Cabos por maltrato y otras irregularidades dentro del establecimiento lo que derivó en un cateo.
Rosalba Ibarra, representante del colectivo, compartió en redes sociales que recibió videos e imágenes de un hecho ocurrido dentro del centro de rehabilitación, menos de una hora antes de su publicación.
Según explicó, desconocía el contexto de lo ocurrido, pero el material que le enviaron mostraba a varias personas golpeadas, con heridas y sangrando, mientras escapaban del lugar.
Ibarra pidió a los familiares de personas internadas en el centro, ubicado en la colonia Guaymitas, que acudieran al lugar para verificar si sus familiares aparecían en el material, debido a la gravedad de las heridas que mostraban los internos.
También expresó su preocupación por la seguridad de quienes permanecían ahí y dijo que esperaba que las autoridades no minimizaran el hecho, como, según su versión, ocurrió con el caso de un hombre que el colectivo ya había señalado como privado de su libertad de forma ilegal en ese mismo centro.
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Este señalamiento se suma a otros que, según Ibarra, ha recibido el colectivo sobre personas que habrían ingresado o permanecido en el mismo establecimiento. Entre ellos:
Un hombre, identificado posteriormente como estadounidense, que según mensajes recibidos por el colectivo llevaba cerca de dos años aislado en una habitación que los denunciantes describieron como un calabozo.
Ibarra denunció presuntos actos de maltrato, privación de la libertad y suministro de sustancias, y señaló que, según la información que recibió, en ocasiones le negaban alimentos.
Un joven con reporte de desaparición que, de acuerdo con el colectivo, fue intervenido por policías municipales unos 15 días antes de ser localizado en el centro, adonde habría ingresado sin autorización de sus familiares.
La Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos ofreció una versión distinta: explicó que el joven fue encontrado durante un recorrido de prevención y quedó bajo resguardo preventivo, sin estar detenido.
El caso de una mujer identificada como Gabrielle, quien, según la representante, salió del centro para una actividad fuera de las instalaciones y ya no regresó. Ibarra cuestionó que el personal del lugar no hubiera informado sobre esa salida a las autoridades.
Mensajes anónimos de otras personas que, según la representante, aseguraron haber tenido experiencias negativas dentro del centro, aunque no los identificó ni presentó documentación que respaldara sus testimonios.
Un caso relacionado con la versión femenil del mismo centro, donde, según el colectivo, varias internas escaparon del lugar tras un incendio registrado en las instalaciones.
Estos señalamientos corresponden a la versión del colectivo y, hasta el momento, no cuentan con una confirmación oficial independiente que acredite que se hayan cometido delitos dentro del establecimiento.
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La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que realizó un operativo interinstitucional en el centro, ubicado en la calle Profesor Francisco Payán Sandoval, en la colonia Lomas de Guaymitas.
De acuerdo con la institución, la intervención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de cateo relacionada con una carpeta de investigación.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, distintas áreas de la PGJE —entre ellas la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas—, la Policía Estatal Preventiva y el Heroico Cuerpo de Bomberos de Los Cabos, que aportó unidades paramédicas para atender a las personas internadas.
Según la PGJE, durante la inspección se contabilizaron 51 hombres mayores de edad, quienes fueron entrevistados junto con el subdirector del establecimiento. El personal médico revisó a cada interno y la institución informó que ninguno presentó lesiones físicas visibles.
La procuraduría señaló que elaboró un censo y un registro fotográfico de las personas encontradas, información que se cotejó con las bases de datos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
De acuerdo con el reporte, no se encontraron coincidencias con reportes de desaparición ni órdenes de aprehensión vigentes, aunque aclaró que las personas señaladas en el material de la denuncia anónima que originó el cateo no fueron localizadas en el inmueble.
Este punto difiere de la versión de Ibarra, quien aseguró que, tras proporcionar información adicional a los responsables del operativo, el hombre estadounidense sí fue encontrado y retirado del lugar.
La PGJE confirmó que una persona extranjera fue canalizada a la Casa Peregrino, un centro municipal para personas en situación de riesgo, calle o abandono, aunque la identificó como posiblemente de origen jamaicano, sin precisar si se trataba del mismo hombre mencionado por el colectivo.
Al concluir las entrevistas, 29 de los 51 internos decidieron retirarse de manera voluntaria tras conocer sus derechos, mientras que los otros 22 optaron por quedarse para continuar su tratamiento.
Las personas que salieron fueron canalizadas a la Unidad de Atención a Víctimas de la PGJE, donde podían recibir orientación jurídica si lo solicitaban.
La procuraduría indicó que las líneas de investigación permanecen abiertas hasta esclarecer los hechos que motivaron el cateo.
