Las madres buscadoras de Los Cabos señalaron que quienes se manifestaron durante La Ruta del Maíz no eran parte del colectivo.
Las madres buscadoras de Los Cabos denunciaron que la causa de las familias de personas desaparecidas fue usurpada durante una manifestación realizada en un evento público en Baja California Sur, luego de las acusaciones que se han realizado contra un centro de rehabilitación en San José del Cabo.
Rosalba Ibarra, representante del colectivo Búsquedas San José, señaló en redes sociales como responsables a integrantes de la organización Centro de Rehabilitación Amor al Adicto Difícil y Reincidente (CRAADYR).
De quienes, dijo que se presentaron como familias en búsqueda durante un evento público llamado La Ruta del Maíz, al que asistieron autoridades de Baja California Sur, entre ellas el gobernador Víctor Castro.
Según su relato, comenzó a recibir mensajes de personas que le preguntaban si su colectivo tenía una manifestación en ese lugar.
Explicó que no era así y que, al revisar transmisiones en vivo del evento, vio a varias personas con cartulinas que decían ser familiares de personas desaparecidas y exigían su localización.
La representante señaló que, de acuerdo con los acentos de quienes hablaban en las entrevistas transmitidas, se trataba de personas vinculadas a CRAADYR, una organización con centros de rehabilitación en distintas partes del país.
Explicó que para ser considerado víctima indirecta y familiar en búsqueda es necesario contar con un reporte de desaparición o una denuncia formal y que ninguna de las personas presentes en la manifestación cumplía con ese requisito.
Ibarra calificó el hecho como una falta de respeto hacia las familias que buscan a sus seres queridos y hacia las autoridades, y señaló que, en su opinión, se trató de un intento de la organización por desviar la atención de señalamientos previos en su contra.
También cuestionó la legitimidad de la manifestación y pidió que las autoridades pongan atención a la situación. Hasta el momento, Creadir no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.
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Antes de esta acusación, el colectivo ya había señalado al centro de rehabilitación Albergue María Loreto León Beltrán, ubicado en San José del Cabo, por presuntos casos de maltrato y privación de la libertad.
Ibarra relató que recibió mensajes de personas que aseguraban que un hombre extranjero permanecía encerrado en una habitación del establecimiento desde hacía casi dos años.
Inicialmente se mencionó que era originario de Jamaica, aunque después se precisó que se trataba de un ciudadano estadounidense.
De acuerdo con la representante, integrantes del colectivo se manifestaron frente al inmueble para exigir que se revisaran las instalaciones.
Durante la protesta, encendieron una fogata y mantuvieron un intercambio con policías que acudieron al lugar. También relató otros casos relacionados con el mismo centro:
La Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos explicó que el joven fue localizado durante un recorrido de prevención y que permaneció bajo resguardo preventivo, sin estar detenido.
Ibarra aseguró que fue sacada de las instalaciones para una actividad externa y que no regresó, y responsabilizó al director del centro por no notificar esa salida a las autoridades.
El colectivo también dijo haber recibido mensajes anónimos de otras personas con señalamientos similares, aunque no presentó documentación pública que los respalde.
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La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que la noche del viernes 9 de octubre realizó un cateo en el centro de rehabilitación, ubicado en la calle Profesor Francisco Payán Sandoval, en la colonia Lomas de Guaymitas.
La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de cateo relacionada con una carpeta de investigación.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, distintas áreas de la PGJE —entre ellas la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas
También la Policía Estatal Preventiva y el Heroico Cuerpo de Bomberos de Los Cabos, que aportó unidades paramédicas para atender a las personas internadas.
Según la PGJE, durante la inspección se contabilizaron 51 hombres mayores de edad, quienes fueron entrevistados junto con el subdirector del establecimiento.
El personal médico revisó a cada interno y la institución informó que ninguno presentó lesiones físicas visibles. La procuraduría señaló que elaboró un censo y un registro fotográfico de las personas encontradas.
Esta información se cotejó con las bases de datos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda y otras áreas de la propia PGJE.
De acuerdo con el reporte, no se encontraron coincidencias con reportes de desaparición ni órdenes de aprehensión vigentes.
La institución aclaró que las personas señaladas en el material audiovisual de la denuncia anónima que originó el cateo no fueron localizadas en el establecimiento.
Lo que difiere de la versión de Ibarra, quien aseguró que el hombre estadounidense sí fue encontrado y retirado del lugar tras proporcionar información adicional a los responsables del operativo.
La PGJE confirmó que una persona extranjera fue canalizada a la Casa Peregrino, un centro municipal para personas en situación de riesgo, calle o abandono.
Aunque la identificó como posiblemente de origen jamaicano, sin precisar si se trataba del mismo hombre mencionado por el colectivo.
Al concluir las entrevistas, 29 de los 51 internos decidieron retirarse de manera voluntaria tras conocer sus derechos, mientras que los otros 22 optaron por quedarse para continuar su tratamiento.
Las personas que salieron fueron canalizadas a la Unidad de Atención a Víctimas de la PGJE, donde podían recibir orientación jurídica si lo solicitaban.
La procuraduría indicó que las líneas de investigación permanecen abiertas hasta esclarecer los hechos que motivaron el cateo.
