Hasta por una foto borrosa: repartidores de paquetería en Los Cabos denuncian descuentos constantes por fallas aun cuando están fuera de sus manos

Trabajadores de Los Cabos denuncian que la empresa les resta dinero por cualquier cosa, incluso hasta por enfermarse.

Publicado el Marzo 08, 2026, 09:54

Por: Gabriela Colín

Trabajadores de Los Cabos denunciaron a una franquicia de paquetería por presuntos abusos laborales, en una situación similar a la de docentes de Telebachillerato que meses atrás hicieron un plantón frente al Palacio de Gobierno.

En este caso, los repartidores de una sucursal en la colonia La Ballena señalan que les aplican descuentos y multas sin contrato ni prestaciones.

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¿Por qué repartidores denuncian descuentos constantes en paquetería de Los Cabos?

Los repartidores señalan que la administración de la franquicia en la colonia La Ballena, en San José del Cabo, aplica un esquema de multas que califica como "fuera de control" y carente de lógica operativa.

Según los afectados, anteriormente existía un acuerdo razonable donde solo se descontaba el valor de un paquete si se comprobaba un error real en la entrega.

Ahora las sanciones se aplican por situaciones automáticas o ajenas a su labor directa, la lista de cobros que denuncian los trabajadores incluye:

Multas por fotografías de evidencia: si al momento de entregar el paquete la fotografía de comprobación sale borrosa, la empresa descuenta automáticamente 600 pesos.

Los repartidores explican que esto ocurre incluso si el cliente recibe su mercancía conforme y no presenta ninguna queja.

Errores en la carga de trabajo: debido a que cada repartidor maneja hasta 150 paquetes por jornada, la presión aumenta el riesgo de errores involuntarios. Si por las prisas toman la fotografía de un paquete equivocado, el sistema genera otro descuento de 600 pesos.

Contenido de los paquetes: se les aplica una multa de 20 pesos cuando un cliente reclama que no recibió exactamente lo que pidió, a pesar de que los repartidores no participan en el empaquetado del producto.

Paquetes no recibidos: si un cliente reporta que no recibió su entrega, el descuento para el trabajador puede ser de hasta 500 pesos, sin que se realice una investigación previa sobre la responsabilidad del repartidor.

Cobros por enfermedad: en caso de que un repartidor se enferme y su ruta no salga durante tres días, la empresa le cobra 10 pesos por cada paquete que se quede detenido, lo que suma cantidades considerables que se restan de su sueldo.

Finalmente, los empleados recalcan que estas reglas cambian de un día para otro y se aplican sin que exista un contrato formal firmado.

Además, denuncian que la empresa no les ofrece seguro social ni prestaciones de ley, lo que deja a los repartidores en una situación de total vulnerabilidad económica frente a estos descuentos.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre estos cobros en repartidores de Los Cabos?

La Ley Federal del Trabajoprotege el salario como un derecho sagrado del trabajador y prohíbe que los patrones lo utilicen como herramienta de castigo.

Según el marco legal actual, las prácticas denunciadas en San José del Cabo violan varios artículos fundamentales que regulan la relación entre empleado y empleador. Los puntos que la ley establece frente a estos cobros son:

Prohibición absoluta de multas: el artículo 107 es tajante al señalar que "está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto".

Esto significa que los cobros de 600 pesos por fotos borrosas o los 10 pesos por paquetes retenidos son ilegales desde su origen.

Irrenunciabilidad del salario: los artículos 98 y 99 determinan que los trabajadores deben disponer libremente de sus ingresos.

Hace poco, docentes de todo el estado pasaron por una situación similar y denunciaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) les pidió firmar contratos para pagarles y que solo cubriría la mitad de lo que les debe.

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¿Cuáles son las consecuencias para la empresa de paquetería en Los Cabos?

La falta de un contrato escrito, como denuncian los trabajadores de la colonia La Ballena, no exime a la empresa de sus responsabilidades. El artículo 26 de la ley determina que la falta de este documento es culpa del patrón y no priva al empleado de sus derechos.

El incumplimiento de las normas básicas de protección al salario y la falta de formalidad en la contratación exponen a la franquicia de paquetería a sanciones severas.

Según la Ley Federal del Trabajo, el patrón es el único responsable de asegurar que se cumplan las condiciones laborales y la ausencia de un contrato escrito solo agrava su situación jurídica. Las consecuencias directas para la empresa incluyen:

Multas administrativas elevadas: por cada violación a las normas protectoras del salario (como la imposición de multas prohibidas por el artículo 107), las autoridades pueden imponer sanciones económicas que se calculan por cada trabajador afectado.

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Inspecciones de la Secretaría del Trabajo: la denuncia pública suele derivar en inspecciones extraordinarias. Si la autoridad detecta que los empleados operan sin seguro social ni prestaciones, la empresa puede ser clausurada temporalmente o recibir multas que alcanzan cientos de miles de pesos.

Obligación de reembolso: en un juicio laboral, la empresa estaría obligada a devolver íntegramente cada peso descontado bajo conceptos ilegales.

Al ser nulas las multas, el patrón debe resarcir el daño económico causado a los repartidores desde el primer día que aplicó dichas medidas.

Pago de cuotas retroactivas: al no contar con seguro social, si los trabajadores logran demostrar la relación laboral (basándose en el artículo 21), la empresa deberá pagar todas las cuotas patronales.

Estas omitidas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) desde que cada repartidor ingresó a laborar.

Responsabilidad imputada: el artículo 26 dicta que la falta de un contrato escrito se imputará siempre al patrón. Esto significa que, ante cualquier conflicto legal, la autoridad creerá la versión del trabajador a menos que la empresa pueda probar lo contrario con documentos que, en este caso, no existen.

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Esta situación no solo pone en riesgo la operación de la franquicia, también afecta su imagen en Baja California Sur, ya que cumplir la ley es básico para ofrecer cualquier servicio.

Otro caso que se viralizó sucedió en La Paz luego de que docentes y padres denunciarsn que alrededor de nueve planteles de preescolar enfrentan posibles cierres.

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