Habitantes de la zona denunciaron que policías municipales de Los Cabos les advirtieron que podrían ser desalojados de sus viviendas.
En la zona conocida como Santa Rosa del Este, en Los Cabos, Baja California Sur, surgió una nueva denuncia que se suma a otros conflictos recientes en el municipio, como el caso de las construcciones señaladas como irregulares en Cabo Pulmo.
Familias que viven en ese lugar afirmaron que policías municipales
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Habitantes de Santa Rosa del Este, en San José del Cabo, señalaron que policías municipales acudieron a la zona el 3 de marzo para advertirles que debían abandonar sus viviendas o enfrentar un posible desalojo al día siguiente.
De acuerdo con el comunicado difundido por las familias, la notificación se hizo de forma verbal y no se les presentó ninguna orden judicial que respaldara la acción.
Los vecinos explicaron que reconocen que el terreno donde viven es propiedad federal, pero afirman que muchas familias llegaron al lugar después de que terceros les ofrecieran lotes mediante supuestas ventas.
Según su versión, varias personas cuentan con recibos y comprobantes de pago, por lo que sostienen que actuaron de buena fe cuando adquirieron los terrenos.
Este conflicto ha estado desde julio de 2025, cuando habitantes de la zona realizaron una
Durante esa protesta, una representante de las familias, según su versión, mencionó que servidores públicos municipales entraron a la zona con maquinaria y elementos de seguridad a derribar las casas, sin mostrar una orden judicial.
Ahora, en marzo, los vecinos dicen que las advertencias de un posible desalojo volvieron, lo que reavivó la preocupación entre quienes viven en el lugar.
Una patrulla de la Policía Municipal de Los Cabos durante recorridos en la zona donde vecinos reportaron presencia de autoridades. Foto: Seguridad Pública de Los Cabos
La organización de vecinos afirma que no busca una confrontación, salida legal a su problema de vivienda. Sus peticiones principales se dividen en tres puntos:
Freno al operativo: detener cualquier intento de sacarlos de sus casas si no existe un mandato de un juez.
Mesa de trabajo: negociar con el Gobierno Federal y Estatal una vía para pagar por los terrenos y regularizarlos.
Investigación: aclarar quiénes fueron los responsables de los daños ocurridos en el operativo de julio de 2025.
Esta situación ocurre aun mes de que extrabajadores del Hotel Los Arcos denunciaran públicamente la falta de pago de más de 17 años de trabajo, otro conflicto que también generó protestas en el municipio.
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Operativo de seguridad en un camino de terracería cercano a Santa Rosa del Este, donde familias denunciaron presión para abandonar sus viviendas. Foto: Seguridad Pública de Los Cabos
En México, una persona o una familia no puede ser desalojada de su vivienda sin un proceso legal. La regla general establece que debe existir un juicio previo y una orden emitida por un juez antes de que se pueda ejecutar un desalojo.
El procedimiento suele comenzar con una demanda presentada por quien reclama la propiedad del terreno o del inmueble; después, un juez analiza el caso, escucha a las partes involucradas y revisa las pruebas.
Si el tribunal determina que la persona que ocupa el lugar no tiene derecho legal a permanecer ahí, puede emitir una orden de desalojo y fijar un plazo para abandonar la vivienda.
Sin ese proceso, sacar a alguien por la fuerza, cambiar cerraduras, retirar pertenencias o demoler una vivienda puede considerarse ilegal y, en algunos casos, constituir delitos como despojo o abuso de autoridad.
En situaciones donde el terreno pertenece al gobierno o es propiedad federal, las autoridades pueden iniciar procedimientos para recuperar el predio si consideran que existe ocupación irregular; sin embargo, incluso en esos casos normalmente debe existir una resolución judicial o administrativa formal que respalde la acción.
También ocurre que algunas familias llegan a vivir en un lugar después de comprar terrenos que fueron vendidos de manera irregular. Cuando eso sucede, los recibos de pago o comprobantes pueden servir para demostrar que actuaron de buena fe, pero no necesariamente prueban que la persona es propietaria del terreno.
En esos casos, el conflicto suele resolverse en tribunales o mediante procesos de regularización del asentamiento. Por eso, cuando se anuncia un posible desalojo, especialistas en derecho recomiendan pedir siempre el documento oficial que lo respalde, verificar si existe una orden judicial y buscar asesoría legal antes de abandonar una vivienda.
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Si las advertencias se hacen solo de palabra y no presentan documentos oficiales, las personas pueden pedir que se les explique bajo qué proceso se pretende realizar el desalojo y exigir que se muestre la orden correspondiente.
Otro conflicto que también ha llamado la atención recientemente es el del proyecto “El Santuario del Tío Checo”, que ha sido señalado y criticado por ambientalistas en Baja California Sur.
