La iniciativa plantea que las tierras utilizadas por generaciones de rancheros no serían afectadas; el foco estaría en predios vinculados a la especulación inmobiliaria y proyectos considerados de riesgo para el entorno.
La protección de la Sierra de la Laguna volvió a colocarse en el centro del debate público en Baja California Sur.
Una propuesta impulsada por integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida busca que el Gobierno del Estado utilice la figura de la expropiación para reforzar la protección de una de las principales fuentes de agua de la entidad frente a proyectos que consideran una amenaza para el equilibrio ecológico.
La iniciativa ha generado reacciones encontradas. Por un lado, organizaciones ciudadanas argumentan que es necesario cerrar el paso a la especulación inmobiliaria dentro de una zona estratégica para el abastecimiento de agua.
Por otro, habitantes de la sierra reconocen la necesidad de proteger el ecosistema, pero advierten que el tema de la expropiación genera incertidumbre entre quienes han vivido durante generaciones en la región.
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Arturo Rubio Ruiz, integrante del grupo jurídico del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, afirmó que la propuesta no está dirigida contra las familias rancheras asentadas históricamente en la Sierra de la Laguna.
“El decreto expropiatorio que se está promoviendo no afectará a los rancheros de la zona”, aseguró.
Explicó que la iniciativa contempla dos mecanismos distintos. El primero es la expropiación plena para determinados predios que actualmente se encuentran en análisis y que, según el Frente, tienen como finalidad la especulación inmobiliaria o el desarrollo de proyectos que podrían resultar lesivos para el entorno ecológico.
El segundo consiste en una limitación de dominio para los terrenos ocupados por rancheros cuyas actividades productivas no representen una amenaza para el equilibrio ambiental.
“Hay registros que datan de hasta cinco generaciones de rancheros y esos registros establecen que las actividades tradicionales, como la apicultura y áreas de cultivo controladas, realmente no atentan contra el equilibrio ecológico”, señaló.
De acuerdo con el planteamiento, los propietarios sujetos a limitación de dominio conservarían sus tierras y podrían continuar con sus actividades productivas, aunque sin destinarlas a proyectos inmobiliarios o desarrollos considerados incompatibles con la protección de la sierra.
Los promotores de la iniciativa sostienen que la Sierra de la Laguna enfrenta riesgos que no pueden ser contenidos únicamente mediante las figuras actuales de protección ambiental.
Rubio Ruiz argumentó que, aunque la región cuenta con la categoría de Reserva de la Biósfera y Área Natural Protegida, la vigilancia institucional resulta insuficiente para garantizar la conservación del ecosistema.
“Podríamos decir que ya está protegida, pero es una protección de papel”, afirmó.
Según explicó, las limitaciones de personal y recursos de las autoridades ambientales dificultan la supervisión permanente de las actividades que se realizan dentro de la zona.
El abogado señaló que la propuesta surge a raíz de denuncias relacionadas con obras detectadas en la Sierra de la Laguna y que motivaron la movilización de ciudadanos y organizaciones ambientalistas.
Por ello, el Frente mantiene una campaña de recolección de firmas para solicitar formalmente al Gobierno del Estado que analice la aplicación de estas medidas.
Rubio Ruiz aseguró que la propuesta encuentra sustento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite la expropiación por causa de utilidad pública mediante indemnización.
Además, señaló que Baja California Sur cuenta con la Ley de Expropiación y Limitación de Dominio, así como con disposiciones en la Ley de Aguas del Estado que reconocen como asunto de utilidad pública la conservación y protección de los sistemas relacionados con el abastecimiento del recurso hídrico.
“La Sierra de la Laguna es el vaso que contiene el agua de la que se surte el 95 por ciento de los dos municipios del sur del estado”, afirmó.
No obstante, reconoció que cualquier medida de esta naturaleza requeriría un procedimiento legal complejo que incluya estudios técnicos, delimitación de predios, notificación a propietarios, garantía de audiencia y, en los casos correspondientes, el pago de indemnizaciones.
Uno de los principales retos identificados por los impulsores de la propuesta es la falta de información precisa sobre la situación jurídica de los terrenos ubicados dentro de la Sierra de la Laguna.
Rubio Ruiz señaló que actualmente no existe un registro completo que permita determinar con exactitud cuáles propiedades son privadas, cuáles corresponden a posesiones y cuáles tienen otro tipo de régimen.
“Ni estatal, ni municipal, ni federal saben exactamente qué propiedades hay en la Sierra de la Laguna”, aseguró.
Por ello, consideró indispensable realizar primero un censo y una delimitación de los predios para brindar certeza jurídica tanto a los propietarios como a las autoridades involucradas.
Posteriormente, dijo, correspondería a las dependencias técnicas integrar los expedientes necesarios para determinar qué terrenos podrían ser sujetos a expropiación y cuáles únicamente tendrían restricciones de uso.
Aunque la propuesta asegura que los habitantes tradicionales de la Sierra de la Laguna no serían afectados, entre algunos rancheros persisten dudas sobre los alcances reales de una eventual expropiación.
Rosario Guadalupe Rosa López, guía de turistas y habitante de San Dionisio, en la zona de amortiguamiento de la Sierra de la Laguna, reconoció que la conservación del agua y del ecosistema es una causa que comparten quienes viven en la región, pero consideró que el tema debe discutirse con mayor claridad.
“Para mí el tema de la expropiación es un tema muy delicado”, expresó.
Explicó que muchos habitantes de la sierra desconocen los alcances legales de este tipo de procedimientos y que existe preocupación debido a que algunos ranchos no cuentan todavía con títulos de propiedad formalizados.
“Ese que tiene más miedo somos nosotros, el ranchero que vive en la sierra, porque a veces no tenemos esa parte legal de conocimientos de tierra, conocimientos de expropiación y de leyes”, señaló.
Rosa López indicó que los rancheros están a favor de proteger la Sierra de la Laguna y rechazan cualquier proyecto que represente una amenaza para el agua o el ecosistema, pero insistió en que las comunidades serranas deben ser escuchadas antes de tomar decisiones que puedan impactar su forma de vida.
“Si el ranchero está fuerte, la Sierra está fuerte”
El habitante de San Dionisio aseguró que los rancheros han sido parte de la conservación de la Sierra de la Laguna durante generaciones y pidió que las decisiones sobre su futuro se construyan mediante el diálogo y el consenso.
“Creo que la propuesta más firme y más fuerte es cuidar nuestra Sierra de la Laguna, nuestra agua y nuestro ecosistema, pero también darle importancia al ser humano que vive dentro de la sierra, que es el ranchero”, afirmó.
Asimismo, llamó a evitar divisiones entre organizaciones ambientalistas, ciudadanos y habitantes de la zona.
“Si el ranchero está débil, Sierra de la Laguna está débil. Si el ranchero está fuerte, Sierra de la Laguna está fuerte”, expresó.
Rosa López también aprovechó para solicitar a los gobiernos municipales, estatal y federal una mayor atención a las necesidades de las comunidades serranas, particularmente en materia de salud, educación, infraestructura y apoyo a actividades productivas como el ecoturismo y la ganadería.
Mientras continúa la recolección de firmas y crece la discusión pública, la propuesta vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que desde hace años acompaña a Baja California Sur: cómo garantizar la protección de la principal fábrica de agua del estado sin afectar a quienes han habitado históricamente la Sierra de la Laguna.
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