La Asamblea Feminista de BCS señala al director del Tec de La Paz por encubrir a funcionario acusado de violencia contra mujeres.
Durante la marcha del 8M, el Día Internacional de las Mujeres, la Asamblea Feminista de Baja California Sur realizó un pronunciamiento público en el que denunció distintos casos de violencia de género en el estado.
Entre las acusaciones más directas, señalaron a directivos del Instituto Tecnológico de La Paz por presunto encubrimiento de un funcionario acusado de agredir a mujeres.
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Durante el posicionamiento, las activistas afirmaron que la violencia de género no solo se mantiene por agresores individuales, sino también por estructuras institucionales que, aseguraron, normalizan o minimizan las denuncias.
La Asamblea Feminista señaló que dentro del Instituto Tecnológico de La Paz existe un caso de presunto encubrimiento institucional.
Según su pronunciamiento, el subdirector de servicios administrativos, identificado como Pablo “N”, fue vinculado a proceso por agresiones contra mujeres.
Sin embargo, denunciaron que la respuesta de las autoridades internas del plantel no fue sancionar al presunto agresor, sino destituir de su cargo a la víctima que presentó la denuncia.
Las activistas afirmaron que esta situación refleja cómo algunas instituciones educativas continúan reproduciendo dinámicas de protección hacia los agresores en lugar de garantizar seguridad para las mujeres.
En su posicionamiento, las integrantes de la Asamblea Feminista responsabilizaron directamente al director Mario Cortés y a la subdirectora Carmen Angulo de encubrir el caso y permitir que continúe la violencia dentro del entorno escolar.
También denunciaron que dentro del plantel se estaría intimidando a quienes denuncian casos de acoso mediante el buzón institucional de quejas.
De acuerdo con el pronunciamiento, se ha advertido a estudiantes y personal que quienes presenten denuncias podrían ser identificados mediante cámaras instaladas dentro del instituto, lo que provoca miedo y hace que menos víctimas se animen a denunciar.
También mencionaron que en la ciudad ya se implementó el llamado botón morado en tiendas Oxxo, una medida pensada para apoyar a mujeres que se sientan en riesgo.
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“Las denunciantes no desprestigian a las instituciones”. La asamblea sostuvo que las denuncias públicas no dañan a las instituciones educativas, sino que visibilizan los problemas que deben atenderse.
En ese sentido, señalaron que el desprestigio ocurre cuando las autoridades encubren casos de acoso o violencia y no aplican los protocolos correspondientes.
“Ni los tendederos, ni la denuncia, ni las denunciantes somos el problema. El problema es el acoso y la violencia”, señalaron en su posicionamiento.
Ante este panorama, las activistas exigieron que las instituciones educativas de Baja California Sur implementen protocolos efectivos para prevenir y sancionar la violencia de género.
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También demandaron que se respete el derecho a la denuncia pública y que se garantice protección a las víctimas dentro de los espacios educativos.
El pronunciamiento forma parte de una serie de denuncias presentadas durante la movilización del 8M, donde colectivos feministas reiteraron su exigencia de justicia y una vida libre de violencia para las mujeres en Baja California Sur.
