La resolución mantiene detenido el procedimiento, pero todavía no define si Ernesto "N" es responsable de los delitos que se le imputan.
El exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, quien fue detenido en julio de 2026, enfrenta un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y huachicol.
Un Tribunal Colegiado confirmó la suspensión definitiva de su proceso, por lo que una parte del procedimiento permanece detenida mientras los tribunales federales revisan su caso.
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El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México declaró infundado el recurso de queja presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión definitiva concedida a Ernesto "N".
Esta resolución fue tomada por unanimidad durante una sesión extraordinaria realizada de manera remota.
Los magistrados Yuriko Delgado Cháires, Jorge Mario Montellano Iturralde y María del Socorro Castillo Sánchez revisaron los argumentos de la FGR y determinaron que no eran suficientes para modificar la medida otorgada previamente por un juez federal.
Con esta decisión, se mantiene vigente la suspensión concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México.
La medida impide que avance la etapa intermedia del proceso penal mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por el exgobernador.
El recurso de la FGR buscaba dejar sin efecto esta suspensión, la cual argumentó que detener el procedimiento podía afectar el interés social y el orden público debido a la naturaleza de los delitos investigados.
Sin embargo, los magistrados consideraron que esos argumentos fueron planteados de manera general y no cuestionaron de forma concreta las condiciones establecidas por el juez de Distrito.
El proyecto estuvo a cargo del magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde, quien sostuvo que el juez que concedió la suspensión actuó conforme a lo establecido en la Ley de Amparo.
Durante la sesión, el magistrado explicó que, al tratarse de un amparo promovido contra un auto de vinculación a proceso, existen disposiciones legales que establecen la suspensión del procedimiento penal en determinadas etapas mientras se resuelve la demanda.
De esta manera, la resolución no significa que el exgobernador haya sido declarado inocente ni que el proceso penal haya terminado.
Lo que se mantiene detenido, por ahora, es el avance hacia las siguientes etapas del procedimiento mientras se determina el resultado del juicio de amparo.
La decisión también significa que la FGR perdió el recurso de queja que presentó contra la suspensión definitiva.
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El proceso penal permanecerá detenido en dicha etapa hasta que el juzgado de Distrito emita un fallo definitivo sobre si le concede o niega la protección del amparo. Foto: Ernesto "N"
El exmandatario promovió el juicio de amparo el 28 de agosto, ante Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México.
La demanda fue admitida a trámite y posteriormente se concedió la suspensión contra el auto de vinculación a proceso que enfrenta por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
El amparo busca combatir actos relacionados con la vinculación a proceso, mientras se determina si procede la protección de la justicia federal, la suspensión mantiene detenida la etapa intermedia.
El exgobernador permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.
Su detención ocurrió el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, tiempo en el que la FGR informó que la investigación estaba relacionada con su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Posteriormente, durante una audiencia que se prolongó por más de 34 horas, un juez determinó vincularlo a proceso y mantener la medida cautelar de prisión preventiva.
La investigación de la FGR está relacionada con una presunta red dedicada a introducir combustible al país mediante operaciones que, según la autoridad, habrían incumplido disposiciones fiscales y aduaneras.
De acuerdo con la información presentada durante el proceso, la investigación contempla el uso de carrotanques ferroviarios para transportar gasolina y diésel provenientes de Estados Unidos.
La fiscalía sostiene que el esquema habría utilizado distintas empresas para importar y distribuir los hidrocarburos dentro del territorio mexicano.
Entre los datos señalados por la autoridad se encuentra el hallazgo de 129 carrotanques en Coahuila, de los cuales 33 fueron localizados en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo.
En conjunto, contenían más de 15 millones de litros de hidrocarburos que, según la investigación, no contaban con la documentación legal correspondiente.
La FGR también ha señalado que el expediente contempla operaciones de importación realizadas mediante ferrotanques y posibles irregularidades en las declaraciones presentadas ante las autoridades aduaneras.
La defensa del exfuncionario, por su parte, sostiene que no existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad que se le atribuye y busca que el exgobernador obtenga la protección de la justicia federal mediante el juicio de amparo.
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LA suspensión definitiva que frena temporalmente el proceso penal contra el exgobernador impide que su caso avance a la etapa intermedia mientras se resuelve su juicio de amparo. Foto: Ernesto "N"
Después de la resolución del Tribunal Colegiado, la suspensión definitiva permanece vigente; por ello, el proceso penal no puede avanzar a la etapa que quedó detenida mientras continúa la resolución del juicio de amparo.
El siguiente punto será determinar si la justicia federal concede o niega la protección solicitada por el exgobernador contra el auto de vinculación a proceso.
La resolución del Tribunal Colegiado no resuelve el fondo de las acusaciones su alcance se limita a confirmar que la suspensión concedida por el juez de Distrito debe mantenerse en los términos establecidos.
En caso de que el amparo sea concedido, la resolución podría tener efectos sobre el auto de vinculación a proceso y los actos reclamados por la defensa.
Si es negado, el procedimiento penal podrá continuar conforme a las determinaciones de las autoridades judiciales. Mientras esto ocurre, permanece sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en el penal del Altiplano.
El caso comenzó formalmente para el exgobernador con su detención en Ensenada el 16 de julio, ese mismo día, la FGR confirmó que era investigado por delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Desde entonces, el proceso ha pasado por distintas etapas: la detención, la audiencia inicial, la imposición de la prisión preventiva, la vinculación a proceso y ahora la revisión de las medidas solicitadas mediante el juicio de amparo.
La resolución más reciente mantiene detenido el avance del proceso, pero todavía no determina si es inocente o responsable de los delitos que se le imputan.
Esa decisión dependerá de lo que resuelvan los tribunales sobre el juicio de amparo y, en su caso, sobre el proceso penal.
Mientras tanto, su familia mantiene su postura de que es inocente y señala que el caso forma parte de una supuesta persecución política.
