19:51 hs08/03/2026
Pronunciamiento de la Asamblea Feminista de Baja California Sur
ASAMBLEA FEMINISTA DE BAJA CALIFORNIA SUR
A los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y de Baja California Sur;
A los Ayuntamientos de La Paz, Los Cabos, Loreto, Mulegé y Comondú;
A las instituciones de salud pública: IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud e IMSS Bienestar;
A las instituciones de educación del estado de Baja California Sur;
A la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Centro de Justicia para las Mujeres;
A los Institutos de las Mujeres estatales y municipales;
A las instituciones educativas de todos los niveles;
A los medios de comunicación;
A la sociedad civil organizada;
Y a quienes habitamos Sudcalifornia:
Hoy, en el marco del Día Internacional de las Mujeres (8M 2026), alzamos nuestra voz porque la violencia hacia nosotras sigue, no sólo por agresores individuales, sino por estructuras que normalizan, minimizan, encubren y perpetúan la violencia de género. Exigimos una vida libre de violencia y justicia.
No hay día que pasemos sin el miedo de no volver a casa en Baja California Sur, un estado donde la situación de violencia no ha cambiado, sino que se ha sostenido y normalizado. Gobiernos van y vienen, escuchamos sus declaraciones, sus campañas, sus promesas incumplidas, anuncios de jornadas, de nuevos nombramientos y más discursos, pero estructuralmente no vemos un cambio.
Baja California Sur es un paraíso pero un infierno para las mujeres que enfrentamos todos los días la violencia de un turismo de lujo y de masas que se nos ha impuesto. Este turismo profundiza la desigualdad social, degrada el territorio que habitamos, precariza la vida de las mujeres, incentiva la trata y aumenta la inseguridad en nuestro estado.
En 2025 la entidad tuvo una de las tasas de feminicidios más altas de México, que estuvo por encima de la media nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Estas cifras oficiales no reflejan la dimensión real de la violencia, y ocultan experiencias, historias y las vidas arrebatadas, porque sabemos que detrás de cada número hay mujeres cuyas muertes no han sido reconocidas como feminicidio por las autoridades.
En 2025, 28 mujeres fueron víctimas de homicidio y seis más fueron víctimas de feminicidio en Baja California Sur, a las que se suman todas las mujeres que han sido reportadas como desaparecidas y no han vuelto, o que han sido encontradas sin vida en fosas clandestinas, de las que abundan en todo el país.
Como ellas, sabemos que hay decenas más y todas deben ser nombradas y tipificadas por lo que son: FEMINICIDIO.
Durante 2025, 115 niñas y adolescentes y 81 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Baja California Sur, de acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda.
Ante la falta de prevención y de atención del Estado a estos casos, las madres son quienes cargan con el peso y el riesgo de tener que buscar a sus hijas. Con picos y palas escarban en el monte para encontrarlas en largas jornadas bajo el sol conteniendo el dolor. Ellas también merecen justicia, vivir tranquilas y seguras, y un trato empático y digno de la autoridades y la sociedad.
Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos.
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Exigimos a los medios de comunicación una cobertura responsable, ética y sensible de los casos de violencia. Les exigimos el tacto de cubrir los feminicidios y todos los casos de violencia como si se tratara de sus hijas, amigas o hermanas. No somos un contenido para generar likes y reprobamos que moneticen con nuestro dolor y el de nuestras familias.
Sabemos que esta rabia no se va y que nada podrá traer de vuelta a las que nos arrancó la violencia feminicida. Por lo tanto, lo mínimo que merecen es JUSTICIA.
Queremos justicia para todas las víctimas de feminicidio. Hay familias que llevan cuatro y hasta cinco años esperando una aprehensión, una sentencia, el esclarecimiento de los hechos y una reparación del daño, como en el caso de Aolanis (2020, Guerrero Negro), sin un solo avance, y el de Analuisa, que a pesar de que sucedió hace 5 años, el presunto responsable sigue sin sentencia pese a haber sido detenido desde hace más de un año.
La justicia que tarda NO ES JUSTICIA.
No basta con cifras, con carpetas de investigación abiertas ni con aprehensiones precautorias si no hay justicia, atención real y empática a las víctimas directas e indirectas y transformaciones estructurales en todas las instituciones que dicen protegernos.
¡JUSTICIA PARA TODAS LAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO!
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Exigimos atención efectiva del aborto y alto su criminalización
Aunque la Interrupción del Embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación en Baja California Sur, el servicio en las instituciones de salud es lamentable, por decir lo menos. Como usuarias nos encontramos ante hospitales y centros de salud con personal hostil y lleno de estigmas, o veces incluso, sin personal que pueda brindar el servicio, con horarios restringidos de 3 horas de atención al día que no se ajustan a la realidad laboral de las mujeres, además de la carencia de infraestructura.
Sin mencionar toda la violencia obstétrica que hemos vivido, acoso de parte del personal de salud en instituciones públicas y privadas, la negación de métodos de anticoncepción, y el negocio de los médicos doble moral que realizan abortos en sus clínicas particulares abusando de la vulnerabilidad de las mujeres.
Queremos denunciar la falta de difusión de los centros y horarios en los que se brinda el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y el deterioro del propio servicio de ILE, desde que las instituciones de salud pasaron a manos del IMSS-Bienestar.
Debido a las deficiencias de este sistema, cientos de mujeres siguen recurriendo al aborto autónomo con medicamentos en casa, porque ante las carencias del Estados, las redes de morras se fortalecen.
Exigimos que se amplíe el horario y se atienda las 24 horas, que se aumente el personal para garantizar que siempre haya atención, que se amplié el servicio de ILE a todas las unidades médicas para que sea accesible, que se equipe con aparatos para hacer ultrasonidos y que se asegure la gratuidad de todo el servicio. Merecemos ILE libre de estigmas y digno.
También exigimos que se nos deje de criminalizar, ya que durante 2025, se abrieron 8 carpetas de investigación por el delito de aborto. Por esto, seguimos exigiendo que se derogue el delito de aborto en el Codigo Penal Federal y en el de Baja California Sur, ya que mientras el aborto siga siendo un delito, la criminalización y el estigma seguirán presentes en las instituciones y en la sociedad. ABORTAR ES UN DERECHO, NO UN DELITO.
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Violencia en las aulas y otros espacios
La violencia de género también atraviesa las escuelas, los trabajos y las instituciones donde se encubre a los agresores, se revictimiza a denunciantes y se protege a quienes las violentan.
Sin embargo, sostenemos: ni los tendederos, ni la denuncia, ni las denunciantes somos el problema. El problema es el acoso y la violencia.
Hoy denunciamos públicamente al director del Instituto Tecnológico de la Paz, Mario Cortés y a la subdirectora Carmen Angulo quienes además de encubrir a un agresor que fue vinculado a proceso, destituyeron de su cargo a la víctima. Pablo N, subdirector de servicios administrativos es un agresor de mujeres. Además, persiguen a quienes denuncian acoso a través del buzón institucional de quejas y desincentivan la participación diciendo que las denunciantes serán identificadas mediante las cámaras que hay dentro del plantel.
La denuncia y las víctimas que denuncian acoso nunca desprestigian a las instituciones, son los directivos y los gobiernos que encubren el acoso y la violencia quienes se desprestigian.
Exigimos NO más docentes ni servidores públicos acosadores, respeto al derecho a la denuncia pública y la aplicación real de los protocolos que tanto pregonan.
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La violencia en las infancias y adolescencias
Hoy queremos denunciar en particular las violencias que atraviesan a las generaciones que vienen detrás de nosotras: a las niñas y adolescentes.
Desde hace años el Estado ha fallado en su deber de cuidar a las niñas y adolescentes de la Casa Hogar de La Paz, que está bajo jurisdicción del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF). Y no solo eso, sino que además, minimizan los hechos.
Cuando el Estado no protege a las niñas, siembra las condiciones para la violencia. Nos indigna que hasta el momento no haya transparencia sobre las condiciones en las que viven las niñas y adolescentes de la Casa Cuna ni sobre las causas y consecuencias de los constantes escapes que se han registrado. Solo han informado sobre el nombramiento de una nueva coordinadora de dicha institución.
Por esto exigimos:
● Investigaciones exhaustivas, imparciales y con enfoque de derechos humanos.
● Sanción a todas las personas responsables, por acción u omisión.
● Transparencia total y rendición de cuentas del DIF y de todas las autoridades involucradas.
● Protocolos reales de protección a infancias, no simulación.
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Las violencias invisibles también existen
Violencia laboral, económica, digital, política, explotación laboral, extorsión, acoso y amenazas forman parte del día a día de las mujeres en Baja California Sur.
Este año se visibilizaron más casos de violencia vicaria en el estado, donde el agresor daña a los hijos e hijas para amenazar, controlar, manipular y hacer sufrir a la madre. Se trata de una violencia de género sumamente cruel.
También, quienes somos activistas, vivimos la violencia de la sociedad que nos criminaliza y del Estado que nos busca intimidar, cuando protestar es un derecho. Por eso no olvidamos como en 2024, un grupo de policías estatales, visitaron las casas de asistentes de la marcha un día antes del 8M para invitarlas a protestar pacíficamente en una flagrante violación de derechos, pues NADIE debe ser molestado sin una orden bien fundamentada.
Estos hechos fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien hizo un exhorto a la Secretaría de Seguridad de Baja California Sur, sin embargo, aún tenemos la duda, ¿De dónde sacó la policía nuestros datos? ¿Por qué no usan esa inteligencia para actuar en casos de violencia en lugar de usarla contra activistas? Estamos hartas de la ineficiencia de la Procuraduría y de la policía. Y queremos que sepan que no nos van a callar.
La policía no me cuida, me cuidan mis amigas.
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Año con año salimos a la calle indignadas a señalar sus violencias, la prevención no surte efecto y la justicia no llega.
Por todo esto, tenemos razones de sobra para estar enojadas, organizadas y en lucha. Si estamos aquí es porque ya hemos agotado las instancias previas sin obtener resultados y ya nos cansamos de insistir, de la indolencia de la sociedad, de la normalización de la violencia hacia nosotras.
Hoy salimos a las calles para decir que aquí estamos y luchamos todos los días por todas esas mujeres, adolescencias y niñas que merecen un futuro libre y sin miedo.
Marchamos por las que ya no están, por las que sobrevivieron y por las que vienen.
Pero también para celebrar que juntas somos más fuertes.
Este 8M no callamos: señalamos.
Porque vivas, libres y sin miedo nos queremos.
VIVAS NOS QUEREMOS.
ORGANIZADAS NOS NECESITAMOS.
NO TENDRÁN NUNCA MÁS LA COMODIDAD DE NUESTRO SILENCIO.
