El rezago de vivienda seguía creciendo en BCS, mientras las auditorías detectaron presuntas irregularidades millonarias en el instituto encargado de atender el tema.
Mientras más de 17 mil familias vivían en condiciones de hacinamiento en Baja California Sur, una auditoría al Instituto Nacional de Vivienda (INVI) arrojó en 2023 anomalías en la administración de la dependencia estatal, dirigida entonces por Fernanda Villarreal González.
Ese mismo año, mientras miles de familias no tenían un cuarto, un baño o un techo digno, comenzaron a detectarse irregularidades que suman más de 55 millones de pesos; la exdirectora asegura que dará claridad al tema.
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Las irregularidades comenzaron a salir a la luz tras auditorías y revisiones de la Contraloría estatal en 2023, cuando se detectaron que el 90% de los contratos para la construcción de casas de interés social fueron entregados por convocatorias donde al menos tres empresas o personas debían presentar una propuesta económica y el gobierno tenía la facultad de elegir una de ellas para ejecutar la obra.
En el 70% de estos contratos, según reporta el Peninsular Digital, fueron asignados a particulares y empresas con la oferta de mayor costo, incluso si el precio era de casi el doble de la oferta más baja.
A ello se suma la aparición de empresas creadas prácticamente al inicio del periodo de Villarreal, conocidas como “empresas express”, que comenzaron a recibir contratos millonarios sin contar con un historial sólido en obra pública.
INVI Baja California Sur, bajo la lupa por presuntas irregularidades millonarias durante la gestión de Fernanda Villarreal. Foto: Instituto de Vivienda de Baja California Sur
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El caso dio un giro mayor cuando el exjefe de contabilidad del INVI, actualmente detenido, rindió una declaración por escrito en la que aseguró que parte de los recursos desviados habrían sido utilizados para financiar campañas políticas.
En su testimonio, difundido por el Semanario ZETA, el exfuncionario señala específicamente que dinero del Instituto fue destinado a actividades relacionadas con la campaña de Adán Augusto López, entonces aspirante presidencial, entre 2022 y 2023.
El documento menciona retiros en efectivo, transferencias y compras sin justificación vinculadas a esos fines. A la fecha Augusto López no ha hechos declaraciones al respecto.
En este contexto, resuena que no es la primer funcionaria relacionada con un tema de desfalco. En mayo de 2025, otra exdirectora del INVI, Rosalva Cuadras fue encontrada culpable.
Auditorías detectaron anomalías en obras de vivienda pública en Baja California Sur, durante la dirección de Fernanda Villareal. Foto: Instituto de Vivienda de Baja California Sur
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La audiencia inicial programada para febrero de 2026 fue diferida. De acuerdo con lo informado en sala, la defensa de Fernanda Villarreal solicitó más tiempo para revisar la carpeta de investigación, argumentando que se trata de un expediente voluminoso, con múltiples tomos, anexos y pruebas documentales.
El juez concedió la petición y fijó como nueva fecha el 5 de marzo de 2026. Por ahora, el proceso se mantiene en etapa preliminar, mientras la Fiscalía Anticorrupción sostiene que continuará integrando los elementos necesarios para sustentar las imputaciones.
