Una iniciativa plantea sanciones para docentes que no denuncien agresiones contra sus alumnos ante el Ministerio Público.
Los docentes de Baja California Sur podrían enfrentar sanciones e incluso penas de cárcel si no denuncian de inmediato cualquier agresión contra sus alumnos ante el Ministerio Público, en un contexto donde aprueban reformas en leyes de delito sexual contra menores.
El proyecto propone sancionar la omisión y separar del cargo a sospechosos de inmediato, eliminando cualquier posibilidad de mediación cuando se trata de la seguridad niños y adolescentes.
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La propuesta, presentada en el Congreso del Estado, busca que maestros, directivos y empleados administrativos tengan el deber de denunciar de inmediato ante el Ministerio Público si sospechan que un niño o adolescente está sufriendo algún daño, especialmente si es de tipo sexual.
Lo más fuerte de esta iniciativa es que propone castigar a quienes se den cuenta de estas situaciones y no digan nada (omisión).
Además, si el agresor llegara a ser un trabajador de la misma escuela, se plantea que lo separen de su puesto al instante mientras se investiga qué pasó, para evitar que siga teniendo contacto con los menores.
En Baja California Sur se puso sobre la mesa una propuesta que busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes dentro de las escuelas.
La iniciativa plantea que docentes, directivos y personal administrativo tengan la obligación legal de denunciar cualquier acto que dañe a estudiantes, en especial cuando se trate de violencia sexual, maltrato o abuso.
El objetivo es cerrar vacíos que hoy retrasan las denuncias y evitar que estos casos se queden sin atención inmediata.
La propuesta también apunta a que no haya mediación en este tipo de situaciones y a que las denuncias lleguen directo a las autoridades correspondientes.
Además, se plantea sancionar la omisión de denuncia y separar de manera inmediata del aula a cualquier trabajador educativo involucrado, mientras se aclaran los hechos.
En este contexto, también se recuerda que cualquier persona puede denunciar si sabe o sospecha que una niña, niño o adolescente está en riesgo.
La propuesta busca que el personal que trabaja en escuelas de Baja California Sur esté obligado por ley a denunciar cualquier acto que dañe a niñas, niños y adolescentes.
Esto incluye abuso sexual, violencia física, violencia psicológica, negligencia o cualquier otra conducta que ponga en riesgo su integridad.
El planteamiento señala que la denuncia debe ser inmediata, sin procesos largos ni acuerdos internos. También se propone que no exista mediación en este tipo de casos y que la falta de denuncia tenga consecuencias.
En el ámbito laboral, se plantea que cualquier trabajador de la educación señalado por un acto grave sea retirado del aula y del plantel mientras las autoridades investigan.
La iniciativa ya fue enviada a comisiones del Congreso del Estado para su revisión y se plantea escuchar a organizaciones que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes durante el análisis.
Este tema se suma a otros planteamientos recientes, ya que a inicios de 2025 también se propuso aumentar la edad mínima para delitos sexuales en Baja California Sur.
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Si sabes de algún menor que esté pasando por una situación de peligro, negligencia o violencia, no tienes que esperar a que alguien más actúe. En el estado existen varias formas de pedir ayuda de manera segura.
Una de las más rápidas es marcar al 089, que es la línea para denuncias anónimas donde nadie sabrá quién llamó. Si el peligro es en ese preciso momento, lo ideal es marcar al 911 para que la policía llegue de inmediato.
También puedes ir directamente a las oficinas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, que tiene oficinas en cada municipio de Baja California Sur para dar seguimiento a estos casos.
Para reportar que un niño está en riesgo, el proceso es bastante sencillo y no necesitas documentos complicados. Puedes hacerlo por teléfono, por correo electrónico o yendo en persona.
En casos urgentes, basta con proporcionar la información que se tenga sobre el hecho y el menor afectado. Si la denuncia se hace ante la Procuraduría del DIF o por escrito, pueden solicitar:
Datos básicos del menor, como nombre y edad (si se conocen).
Descripción clara de lo ocurrido y dónde sucedió.
Información que ayude a ubicar al menor o a la persona responsable.
Si quien denuncia es madre, padre o tutor, pueden pedir acta de nacimiento o CURP del menor, pero no es un requisito obligatorio para iniciar la atención.
Las denuncias pueden hacerse de forma personal, telefónica, por escrito o por medios electrónicos, y las autoridades están obligadas a recibirlas y darles seguimiento.
Además de recibir denuncias por maltrato, este lugar ofrece apoyo en muchas otras áreas. Tienen programas para ayudar a adolescentes con problemas de adicciones o embarazos a temprana edad, y también dan pláticas para que las familias aprendan a tratarse mejor.
Si la situación de un menor es tan grave que no puede seguir en su casa, ellos se encargan de su cuidado en lugares como la Casa Cuna o Casa Hogar.
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También es el lugar al que deben acudir quienes quieren adoptar o desean ser familia de acogida, es decir, cuidar a un niño o niña de forma temporal mientras se resuelve su situación legal.
Este tema cobra relevancia porque en marzo de 2025 un docente fue vinculado a proceso por acoso sexual en La Paz, un caso que puso atención en la importancia de denunciar y dar seguimiento a situaciones que afectan a menores.
