La iniciativa de la legisladora busca cerrarle espacios a la impunidad con sanciones más severas por lavado de dinero, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Este día, el Congreso del Estado exhortó a instancias ambientalistas para frenar proyectos de plantas de gas que podrían afectar el mar en Baja California Sur; en otro tema, pero relacionado con la actual Legislatura, se da a conocer una propuesta para sancionar con más dureza los casos de corrupción en la media península.
Este fin de semana, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California Sur que busca endurecer de manera significativa las sanciones contra delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
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La legisladora propuso modificaciones al Código Penal para establecer castigos más severos y ejemplares, "al considerar que estas conductas no solo vulneran la legalidad, sino que afectan directamente el patrimonio público y la confianza ciudadana en las instituciones".
Diputada Lupita Vázquez. Foto: Congreso de BCS.
Entre los puntos centrales destaca que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita —o lavado de dinero— sea sancionado con penas de 5 a 15 años de prisión, además de multas económicas cuando se compruebe la intención de ocultar el origen o destino de los recursos.
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Asimismo, se plantea que las penas puedan duplicarse cuando estos delitos sean cometidos por servidores públicos o de instituciones de crédito, incorporando sanciones como la destitución del cargo, la inhabilitación para ejercer funciones públicas y el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita.
Diputada pide hasta 20 alos de prisión para servidores públicos corruptos. Foto: Congreso de BCS.
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La propuesta contempla el endurecimiento de sanciones por ejercicio ilícito y abuso de funciones, así como por cohecho y peculado, alcanzando hasta 20 años de prisión en los casos de mayor gravedad.
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De igual forma, la iniciativa incorpora disposiciones más estrictas para sancionar el enriquecimiento ilícito, incluyendo penas de 5 a 15 años de prisión y el decomiso de bienes cuya procedencia no pueda ser legalmente acreditada.
