El sujeto fue vinculado a proceso por presuntamente encerrar con candado a un niño con condición del espectro autista en Baja California.
Un hombre fue detenido en San Quintín, Baja California, señalado por presuntamente encerrar a un niño con autismo dentro de una jaula para perros. El caso se suma a otros hechos, como el de un hombre que fue captado lanzando flechas con un arco de cacería en plena calle.
El detenido se encuentra vinculado a proceso y es investigado por presunta violencia psicológica y actos de discriminación contra el pequeño.
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Un hombre identificado como Henry “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar psicológica, discriminación y privación de la libertad personal agravada, en perjuicio de un niño de cinco años con condición del espectro autista.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, los hechos investigados ocurrieron entre junio y julio de 2026.
La acusación señala que el menor habría sido víctima de insultos, gritos y restricciones en actividades necesarias para su desarrollo y convivencia.
El caso también incluye un hecho ocurrido el 28 de julio, cuando presuntamente el hombre ordenó a la hermana del niño, de 10 años, introducirlo en una jaula metálica transportadora de perros.
De acuerdo a la investigación; posteriormente, habría cerrado la jaula metálica con un candado y amarrado la estructura con un mecate.
Tras esto, familiares que tuvieron conocimiento de lo ocurrido acudieron al domicilio y lograron liberar al niño ese mismo día.
La FGE informó que la investigación comenzó por hechos relacionados con presunta violencia psicológica y actos discriminatorios contra el pequeño, quien tiene cinco años y se encuentra dentro del espectro autista.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con la Violencia de Género contra las Mujeres, durante junio y julio el imputado presuntamente insultó y gritó al niño, además de limitar su participación en actividades necesarias para su desarrollo y convivencia.
El hecho que derivó en la acusación por privación de la libertad personal ocurrió el 28 de julio, día en el que Henry “N” habría ordenado a la hermana del niño, de 10 años, meterlo a una jaula metálica utilizada para transportar perros.
Como parte de las diligencias, el 25 de agosto agentes de la FGE realizaron un cateo en el domicilio donde localizaron a los dos niños y procedieron a su resguardo.
Durante el operativo también fue localizada y asegurada la jaula metálica que presuntamente habría sido utilizada para mantener encerrado al niño. Después de estos hechos, los dos pequeños y su madre recibieron atención especializada.
El 27 de agosto, agentes de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Henry “N”.
Dos días después, el 29 de agosto, se realizó la audiencia en la que un juez de control determinó vincularlo a proceso por los tres delitos señalados por la Fiscalía.
El imputado quedó sujeto a prisión preventiva y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
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Henry “N” enfrentará a la justicia bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser acusado de maltratar y mantener encerrado a un niño dentro del espectro autista. Foto: FGE
Por ahora, Henry “N” permanecerá sujeto a prisión preventiva mientras continúa el proceso penal, mientras la investigación complementaria tendrá un plazo de tres meses para que la Fiscalía reúna y presente los elementos que considere necesarios para sostener la acusación.
Durante esta etapa también podrán incorporarse pruebas relacionadas con los hechos ocurridos entre junio y julio, entre ellas los testimonios de familiares, los resultados de las diligencias realizadas en el domicilio y los elementos asegurados durante el cateo.
La jaula metálica localizada en el inmueble forma parte de los objetos asegurados durante la investigación y será uno de los elementos que deberán ser valorados dentro del procedimiento.
El caso involucra además a dos niños, por lo que la investigación contempla medidas de protección para ellos, la fiscalía informó que ambos fueron puestos bajo resguardo y que recibieron atención especializada junto con su madre.
La situación jurídica del sujeto todavía no es definitiva, debido a que la vinculación a proceso permite que el procedimiento continúe, pero será necesario que durante las siguientes etapas se determine si las pruebas reunidas permiten acreditar cada uno de los delitos por los que fue señalado.
El caso ocurre mientras en Baja California también se han registrado otros hechos de violencia, como las amenazas dirigidas contra la fiscal del estado, María Elena Andrade Ramírez, mediante una manta colocada en un puente de Tijuana.
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Durante un cateo en la vivienda, las autoridades rescataron a los dos niños e incautaron la jaula metálica utilizada en la agresión. Foto: Gobierno de Baja California
El Código Penal para el Estado establece diferentes sanciones para los delitos que se le imputan. En el caso de violencia familiar, el artículo 242 Bis contempla conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica contra personas con quienes existe o existió un vínculo familiar o de pareja.
La pena prevista es de seis meses a cuatro años de prisión, además de otras medidas como tratamiento psicológico o psiquiátrico especializado y el pago de dicho tratamiento para la recuperación de la víctima.
Este artículo fue reformado en junio de 2026 mediante el Decreto 282, por lo que para analizar un caso actual debe tomarse en cuenta la versión vigente de la disposición, la reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación, el 22 de junio de 2026.
En cuanto al delito de discriminación, el artículo 160 Ter establece una pena de uno a tres años de prisión, o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, además de hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La disposición contempla, entre otros motivos, la edad y la condición de discapacidad, y sanciona conductas que atenten contra la dignidad humana o que anulen, impidan o reduzcan derechos y libertades.
En este caso, la Fiscalía incluyó el delito de discriminación entre los cargos debido a que el menor tiene una condición del espectro autista.
Para la privación de la libertad personal, el artículo 161 establece una pena de tres a siete años de prisión para quien ilegítimamente prive a otra persona de su libertad.
Sin embargo, el artículo 162 contempla un aumento de la pena de hasta una mitad más cuando existe alguna circunstancia agravante.
Entre ellas se encuentra que la víctima sea menor de edad, además de casos en los que exista violencia o vejaciones, la privación dure más de 72 horas o el responsable tenga determinados antecedentes como integrante de una institución de seguridad pública.
Por lo tanto, en un caso en el que se acredite la privación de la libertad de un menor, la pena correspondiente puede incrementarse respecto del rango establecido en el artículo 161.
Es importante señalar que esto no significa que automáticamente se imponga la pena máxima ni que las sanciones de los tres delitos deban sumarse de manera directa.
La pena final dependería de los delitos que sean acreditados, las circunstancias del caso y la resolución que corresponda durante el proceso penal.
Por ahora, los cargos que enfrenta son violencia familiar psicológica, discriminación y privación de la libertad personal agravada, mientras que la investigación complementaria continuará durante los próximos tres meses.
Este hecho ocurre mientras en el estado también se han registrado otros casos recientes de violencia, como la detención de tres personas señaladas por su presunta participación en el ataque contra la regidora de Tecate, María de Jesús Quijada.
