La destitución ocurrió en medio de la ola de violencia en Baja California Sur y tras diversos señalamientos públicos.
Tras el repunte de hechos de violencia de alto impacto en Baja California Sur a partir de abril de 2025, marcado por asesinatos, enfrentamientos y alertas de inseguridad que aumentaron la percepción de riesgo en la entidad, se dieron cambios dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Dentro de ellos, la salida de Bernardo Soriano de su puesto como subprocurador de Delitos de Alto Impacto.
La destitución se produjo en un contexto de presión pública y cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad en la entidad.
El 22 de abril de 2025, Ulises Cota Montaño, comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), fue asesinado a balazos al llegar a su domicilio en La Paz. Este hecho marcó un repunte de violencia de alto impacto en Baja California Sur.
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En los meses siguientes se registraron otros incidentes violentos en varios municipios, incluyendo múltiples homicidios y ataques armados atribuidos a ajustes, y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado operando en la región.
En ese contexto de inseguridad, aparecieron narcomantas, mensajes colocados públicamente, en diversos puntos del Estado en junio de 2025, donde se señalaba al subprocurador de Delitos de Alto Impacto, Bernardo Soriano Castro, con acusaciones como “vender la plaza”.
Bernardo Soriano juzgó a censura y persecución política su destitución. Foto: Bernardo Soriano.
Soriano ofreció una rueda de prensa el 25 de junio de 2025, donde negó cualquier vínculo con grupos criminales, aseguró que las acusaciones eran falsas y confirmó que continuaría en el cargo.
En julio de 2025, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío confirmó que Bernardo Soriano Castro dejaría su cargo como Subprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.
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Castro Cosío justificó el cambio como parte de un reacomodo interno en la dependencia, necesario para fortalecer la estrategia de seguridad estatal ante la complejidad de los hechos delictivos que vivía la entidad.
“Se cumplió un ciclo”, dijo el mandatario al referirse a la decisión, y aclaró que Soriano no saldría de la institución, sino que sería reubicado en otra área dentro de la PGJE.
En enero de 2026, las autoridades de Baja California Sur detuvieron a Cristian Iván Romero Acuña, alias “El Cholo 40”, identificado como un objetivo prioritario vinculado a hechos de violencia en los municipios de Comondú y Loreto durante 2025, donde se registraron más de 100 homicidios relacionados con enfrentamientos entre grupos delictivos.
Sin embargo, apenas días después de su detención, un juez de control determinó no vincularlo a proceso, por lo que quedó en libertad en febrero de 2026, pese a existir mandamientos judiciales previos en su contra.
Soriano cuestionó la manera en que se manejó ese caso en específico y denunció que en la entidad sí existían problemas reales como el cobro de piso y la extorsión, a diferencia de la narrativa oficial que los negaba.
Bernardo Soriano estuvo en un puesto clave dentro de la PGJE. Foto: Gobierno del Estado.
Señaló que estos delitos afectan a comerciantes y pescadores, y que no se habían atendido adecuadamente, criticando la falta de acciones efectivas desde la institución.
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Bernardo Soriano aseguró que su destitución fue una represalia por opinar públicamente sobre cómo mejorar las instituciones de justicia en Baja California Sur. La notificación de su salida llegó después de que el funcionario hiciera críticas sobre las carencias que, según él, enfrentan los trabajadores de la PGJE.
Soriano subrayó que no cometió ninguna falta grave, y que su intención siempre fue pedir mejores salarios y más herramientas para los ministerios públicos, cuyo personal —afirmó—, arriesga su vida diariamente en el desempeño de sus funciones.
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En un video grabado mientras recibía el oficio de su despido, calificó su salida como un acto de censura, ya que la PGJE lo acusó de “divulgar información y emitir opiniones” sobre temas que no eran de su competencia.
Soriano aseguró que no reveló datos confidenciales ni nombres de expedientes, y que, a juicio de la dependencia, ya no era considerado digno de confianza por expresar su opinión.
El ex subprocurador también cuestionó decisiones internas de la PGJE, señalando que mientras algunos mandos eran enviados a actividades fuera de oficina, asuntos de seguridad quedaban en manos de personal sin experiencia, lo que, a su juicio, debilitaba la estrategia institucional.
Es por ello que denunció que su salida se dio en un contexto de persecución política y censura, tras criticar públicamente decisiones del gobierno estatal y del Procurador relacionadas con la liberación de objetivos prioritarios y la falta de operativos contundentes contra grupos criminales.
Pese a estos señalamientos, reafirmó que su trayectoria siempre estuvo enfocada en la legalidad y el combate al crimen organizado.
