Tras la protesta por el caso del elotero, comerciantes formalizan un planteamiento que busca abrir diálogo con autoridades y replantear la regulación del ambulantaje en la ciudad.
Esta mañana la activista María Azucena Meza acompañada de los comerciantes sudcalifornianos Agustín Cruz y Carlos Eliceo presentaron públicamente una propuesta integral en materia de comercio ambulante y justicia cívica. El documento busca abrir una mesa de diálogo con autoridades municipales, en medio de una creciente tensión por operativos y restricciones.
El movimiento surge tras la detención de Agustín Cruz, un vendedor de elotes en el malecón, hecho que detonó indignación social y protestas.
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El documento presentado plantea una serie de medidas que, según los comerciantes, buscan ordenar el comercio sin criminalizarlo.
Entre los puntos centrales destacan:
Además, se incluyen propuestas en materia de seguridad, como protocolos de actuación policial con principios de proporcionalidad y mínima intervención, así como capacitación obligatoria para elementos de seguridad pública.
Agustín Cruz, Carlos Eliceo y la abogada María Azucena Meza Gómez mostraron el documento que será entregado a regidores para su análisis. Foto: Azucena Meza Gomez / Facebook
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Comerciantes señalaron durante la manifestación que, pese a intentos por regularizarse, no han encontrado mecanismos claros para obtener permisos. Esta situación, afirmaron, ha generado desigualdad y exclusión dentro del mismo sector.
El caso de Agustín Cruz, conocido como “El Chaparro”, se convirtió en símbolo de esta inconformidad. El propio comerciante denunció que su detención fue desproporcionada y sin advertencia previa, además de enfrentar una multa superior a 4 mil pesos.
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Según el Ayuntamiento de La Paz, los operativos responden a un reglamento vigente desde 1995, que prohíbe el comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad, incluyendo el malecón.
Autoridades han señalado que existen permisos para vender en otras zonas, e incluso han reducido su costo como medida de apoyo. Sin embargo, también reconocieron que la normativa requiere revisión ante los cambios en la dinámica urbana.
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El documento será entregado formalmente a regidores del Ayuntamiento de La Paz con el objetivo de iniciar una agenda de trabajo.
Los comerciantes adelantaron que continuarán con acciones organizadas en defensa del sector, insistiendo en que no buscan eliminar la regulación, sino construir una política pública incluyente.
