Colectivos de madres buscadoras piden limpia en la Comisión de Búsqueda de BCS ante posible complicidad con narcos
Por presuntamente utilizar vehículos oficiales para la colocación de narcomantas en La Paz, la PGJE de Baja California Sur investiga a Raúl “N”, empleado de la Comisión Estatal de Búsqueda,
El martes 22 de julio, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que al menos en dos ocasiones, el 9 y el 14 de julio, se utilizaron tres vehículos oficiales del Gobierno del Estado a cargo de la Comisión Estatal de búsqueda, para colocar narcomantas, que contenían acusaciones contra autoridades estatales.
Informó que se trató de una Nissan Frontier blanca, una Nissan Urban blanca y un Nissan Versa gris. Esta situación encendió la indignación de colectivos de búsqueda que ahora piden una revisión exahustiva de quienes integran dicha comisión.
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¿Por qué es indignante que usen recursos de búsqueda para delitos?
Rosalba Ibarra, fundadora y coordinadora del grupo de búsqueda en San José del Cabo, subrayó que las familias han denunciado durante años la falta de vehículos, gasolina y personal suficiente para realizar búsquedas.
Enterarse de que las pocas unidades disponibles podrían estar siendo usadas para actividades ajenas a su labor humanitaria, dijo, las lleva a preguntarse: “¿quién es entonces el enemigo?”
“La Comisión Estatal de Búsqueda siempre nos ha dicho que no tienen vehículos, que no hay personal. Y ahora resulta que sí hay recursos, pero para andar poniendo mantas en lugar de buscar a nuestros desaparecidos”, expresó Ibarra.
Cuestionó duramente la falta de control interno en la Comisión y llamó con urgencia a que las autoridades tomen en serio los señalamientos y realicen una revisión profunda de quienes integran la institución.
Todo esto después de una manifestación en calles de San José del Cabo, en un panorama que apunta a 200 desapariciones en lo que va del año según estimaciones extraoficiales.
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Vehículos utilizados en la colocación de narcomantas.
Foto: Captura FB Procuraduría de BCS.
Exigen investigación interna, pero también respeto a la presunción de inocencia
Aunque la coordinadora del colectivo reconoce que el caso sigue en investigación y que aún no se puede confirmar la culpabilidad de la persona señalada, insiste en que se deben tomar medidas preventivas y administrativas inmediatas para garantizar que estos hechos no se repitan.
“Es urgente una limpia exhaustiva en la Comisión Estatal de Búsqueda. No podemos permitir que personas que deberían estar al servicio de las familias estén involucradas en hechos así. Si se comprueba la responsabilidad, debe haber justicia. Pero también pedimos que se actúe con responsabilidad y se esclarezca el caso sin adelantar juicios”, puntualizó.
Subrayó que los colectivos no buscan linchamientos, sino claridad y justicia.
“No se trata de señalar a ciegas, pero sí de exigir transparencia. Las familias estamos cansadas de que se juegue con nuestra confianza”, expresó.
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Colectivos de Los Cabos piden claridad y resolución de casos.
Foto: Colectivo Búdquedas por San José del Cabo
Colectivos no saben en quién confiar
Para las familias buscadoras, este hecho representa mucho más que una noticia: es un golpe directo a la esperanza de encontrar respuestas. Según Ibarra, la confianza en las autoridades es cada vez más frágil, y esta clase de casos profundiza el sentimiento de abandono e impunidad que enfrentan todos los días.
“Nos dicen que están para ayudarnos, pero ¿cómo confiar cuando los mismos funcionarios están siendo investigados por colusión con la delincuencia organizada?”, cuestionó.
Finalmente, la representante de familias buscadoras en San José del Cabo reiteró la exigencia de que el caso no quede en el olvido y que haya resultados tangibles. Un caso reciente es el de Roberto Armando un pipero desaparecido en La Paz.
“Pedimos justicia, pedimos respuestas. Las familias merecemos respeto. Esto no puede quedarse en el silencio ni en la simulación”, concluyó.
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