Autoridades inspeccionaron el centro de rehabilitación de Los Cabos y verificaron las identidades de las personas internadas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó que realizó un cateo en el centro de rehabilitación donde, según el colectivo Búsquedas San José del Cabo, permanecía encerrado un hombre estadounidense. Las autoridades detallaron los resultados de la intervención y el destino que tuvieron los internos del lugar.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que realizó un operativo interinstitucional la noche del viernes 9 de octubre de 2026 en el centro de rehabilitación Albergue María Loreto León Beltrán, Servicio 24 Horas, ubicado en la calle Profesor Francisco Payán Sandoval, en la colonia Lomas de Guaymitas, en San José del Cabo.
De acuerdo con la información oficial, la intervención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de cateo relacionada con una carpeta de investigación iniciada a partir de una denuncia anónima.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y distintas áreas de la PGJE, entre ellas la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y personal de Servicios Periciales.
También acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Heroico Cuerpo de Bomberos de Los Cabos, que proporcionaron dos unidades paramédicas y una estación de enfermería para atender a las personas que se encontraban en el establecimiento.
Según la PGJE, durante la inspección se contabilizaron 51 hombres mayores de edad que estaban internados en el centro de rehabilitación. Todos fueron entrevistados, al igual que el subdirector del establecimiento, como parte de las diligencias.
El personal médico y los paramédicos revisaron individualmente a los internos, les tomaron los signos vitales y realizaron una valoración física. La institución informó que ninguno presentaba lesiones físicas visibles.
La Procuraduría también indicó que elaboró un registro fotográfico y un censo de las personas que se encontraban en el inmueble.
Los datos generales y las fotografías de los 51 hombres fueron cotejados en tiempo real con las bases de datos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Además, la información se verificó con los registros de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y de las unidades de Análisis de la Información y de Investigación de Mandamientos Judiciales de la propia PGJE.
La institución señaló que las consultas no arrojaron coincidencias con reportes de desaparición ni órdenes de aprehensión vigentes.
Sin embargo, aclaró que las personas que aparecían en el material audiovisual que acompañaba la denuncia anónima que originó la investigación no fueron localizadas en el establecimiento.
Este último punto es relevante porque el operativo se realizó después de que integrantes del colectivo Búsquedas San José del Cabo acudieran al inmueble para denunciar que un hombre extranjero presuntamente permanecía encerrado contra su voluntad.
Rosalba Ibarra, representante del colectivo, relató en videos publicados en redes sociales que recibió mensajes anónimos sobre un hombre que supuestamente llevaba alrededor de dos años aislado en una habitación que los denunciantes describieron como un calabozo.
Inicialmente, la información que recibió el colectivo apuntaba a que se trataba de un ciudadano jamaicano. Después, Ibarra aclaró que, según los datos que obtuvo, el hombre era estadounidense.
La representante aseguró que, durante el operativo, preguntó a los responsables de la intervención si habían localizado al extranjero y que inicialmente le respondieron que no habían encontrado a alguien con esas características.
Según su testimonio, revisó los mensajes que había recibido y proporcionó a las autoridades información adicional sobre el espacio donde presuntamente se encontraba el hombre. Afirmó que, después de señalarles dónde buscar, el extranjero fue localizado y retirado del lugar.
Esta versión difiere de la información oficial difundida por la PGJE, que sostuvo que las personas señaladas en el material de la denuncia anónima no fueron encontradas en el inmueble.
La Procuraduría no detalló en el comunicado las circunstancias específicas de la localización del estadounidense que describió la representante del colectivo.
Tampoco informó si se abrió una investigación específica por los presuntos actos de privación de la libertad y maltrato que ella denunció públicamente.
La institución sí confirmó que una persona extranjera fue canalizada a la Casa Peregrino, un centro municipal destinado a atender a personas en situación de riesgo, calle o abandono.
Sin embargo, en su comunicado la identificó como una persona posiblemente de origen jamaicano, por lo que no precisó si se trataba del mismo hombre al que se refirió Búsquedas San José del Cabo.
Al concluir las entrevistas, la PGJE informó que 29 de los 51 internos decidieron retirarse voluntariamente del centro, después de que se les informara sobre sus derechos y se verificara su estado físico. Los otros 22 optaron por permanecer en las instalaciones para continuar con su tratamiento de desintoxicación.
Las 29 personas que salieron fueron canalizadas a la Unidad de Atención a Víctimas de la PGJE, donde podrían recibir orientación y atención jurídica individualizada en el Centro de Justicia Penal si así lo solicitaban.
La Procuraduría señaló que mantendría abiertas las líneas de investigación hasta esclarecer los hechos que motivaron el cateo.
Antes del operativo, integrantes del colectivo Búsquedas San José del Cabo se manifestaron frente al centro de rehabilitación para exigir que las autoridades revisaran las instalaciones y verificaran las condiciones en las que se encontraban las personas internadas.
Rosalba Ibarra explicó en publicaciones difundidas en las redes sociales del colectivo que recibió mensajes de personas que afirmaban que un extranjero permanecía aislado dentro del establecimiento.
De acuerdo con su relato, los denunciantes describieron un espacio en el que presuntamente mantenían encerrado al hombre y señalaron que llevaba aproximadamente dos años en esas condiciones.
Durante la protesta, las integrantes del colectivo pidieron que se permitiera el acceso al inmueble o que las autoridades realizaran una inspección para determinar si había personas retenidas contra su voluntad.
En uno de los videos publicados por Ibarra se observa a las manifestantes afuera del establecimiento. Durante la protesta, encendieron una fogata y posteriormente llegaron elementos policiales, con quienes la representante sostuvo un intercambio que también quedó registrado en video.
La representante sostuvo que el hombre tenía dificultades para comunicarse con los elementos que participaron en la intervención y que mostraba temor ante los hombres uniformados. Por ese motivo, aseguró que intentó establecer comunicación con él.
También denunció presuntos actos de maltrato, privación de la libertad y suministro de sustancias dentro del establecimiento. Afirmó que, según la información que recibió, al extranjero presuntamente le negaban alimentos en algunas ocasiones.
Estos señalamientos corresponden a la versión de la representante del colectivo y no deben confundirse con hechos acreditados por una investigación oficial.
Hasta la información difundida, no se habían hecho públicos documentos médicos que permitieran conocer el estado de salud del estadounidense ni registros que confirmaran cuánto tiempo permaneció en el lugar.
Ibarra también explicó que el hombre le habría contado que tenía un pasaporte estadounidense y que presuntamente se lo retiraron antes de trasladarlo al centro de rehabilitación. Según esa versión, el traslado habría ocurrido aproximadamente dos años antes.
La representante comenzó a buscar información para conocer cómo llegó el extranjero a Los Cabos e identificar a sus familiares.
Hasta el momento, no se había informado públicamente si las autoridades consulares estadounidenses habían sido notificadas ni si existía una denuncia formal específica por la presunta privación de la libertad del hombre.
Por su parte, la PGJE confirmó que durante el cateo se revisaron las condiciones físicas de los internos y se verificaron sus identidades, pero no confirmó públicamente la versión de que el estadounidense hubiera permanecido encerrado durante dos años.
El caso del estadounidense se suma a otros señalamientos que, según Rosalba Ibarra, ha recibido el colectivo Búsquedas San José del Cabo sobre personas que habrían ingresado o permanecido en el mismo centro de rehabilitación.
Uno de los casos corresponde a un joven que contaba con un reporte de desaparición y que, de acuerdo con la información recibida por el colectivo, se encontraba dentro del establecimiento.
egún el relato de las integrantes del grupo, el joven habría sido intervenido por policías municipales alrededor de 15 días antes de que lo localizaran en el centro. También señalaron que presuntamente fue ingresado sin autorización de sus familiares.
La Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos ofreció una versión distinta sobre ese caso. Explicó que el joven fue localizado durante un recorrido de prevención en la colonia Guaymitas y que permaneció bajo resguardo preventivo, sin estar detenido.
Otro de los casos mencionados por Ibarra es el de Gabrielle Enh Link, una mujer canadiense que habría sido ingresada al mismo establecimiento mientras se gestionaba su regreso a Canadá, después de haber sido localizada en situación de calle.
La representante del colectivo afirmó que, días antes de que se conociera el caso del estadounidense, recibió información según la cual Gabrielle había salido del centro para realizar una actividad fuera de las instalaciones y ya no había regresado.
Ibarra cuestionó que, según su versión, los responsables del establecimiento no hubieran informado sobre esa salida a las autoridades.
Sin embargo, no se habían difundido documentos públicos que permitieran confirmar de manera independiente las circunstancias que describió.
Además de estos casos, la representante señaló que había recibido mensajes anónimos de personas que aseguraban haber tenido experiencias negativas dentro del centro de rehabilitación.
No obstante, no identificó públicamente a quienes le enviaron esos mensajes ni presentó documentación que permitiera verificar sus testimonios.
Los señalamientos del colectivo se mantienen como denuncias públicas y no constituyen, por sí mismos, una confirmación de que se hayan cometido delitos dentro del establecimiento.
En el caso del cateo del 9 de octubre, la PGJE informó que no encontró a las personas que aparecían en el material audiovisual relacionado con la denuncia anónima, aunque confirmó que mantendría abiertas las investigaciones.
La diferencia entre la versión oficial y el testimonio de Rosalba Ibarra sobre la localización del estadounidense deja pendiente conocer las circunstancias exactas en las que el hombre salió del centro, así como determinar si existen elementos para investigar los presuntos actos denunciados por el colectivo.
Hasta el momento, la información oficial disponible no confirma las acusaciones de privación de la libertad y maltrato expuestas por la representante, ni detalla si se iniciaron diligencias específicas para esclarecer esos señalamientos.
