La investigación contra el exmandatario comenzó hace un año y, según las autoridades, no está vinculada al caso de Marina del Pilar.
La polémica surgió luego de la detención del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.
Tras el operativo, surgieron cuestionamientos sobre si el caso buscaba desviar la atención de la controversia que enfrenta la gobernadora Marina del Pilar Ávila por la difusión de unos audios.
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Tras la captura de Ernesto “N”, acusado por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, surgieron comentarios sobre el caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó de forma directa que la detención del exgobernador funcione como una cortina de humo o distractor para desviar la atención pública del caso que enfrenta la gobernadora.
Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria federal aclaró que el arresto responde de manera estricta a una investigación penal coordinada por la Fiscalía General de la República (FGR) que se venía desarrollando desde hace un año.
El origen de la captura del exfuncionario panista se remonta al aseguramiento previo de tanques ferroviarios con combustible, lo que dio inicio a un seguimiento minucioso por parte de las corporaciones de seguridad.
La presidenta precisó que las indagatorias derivaron en la solicitud de ocho órdenes de aprehensión iniciales y afirmó que la FGR tiene la obligación de actuar con total imparcialidad, sin importar si los señalados son exservidores o funcionarios públicos en funciones.
En cuanto a la validez de los cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo, evitó realizar juicios o valoraciones de carácter político.
Explicó que el sistema penal acusatorio actual delega de forma exclusiva en el juez de la causa la responsabilidad de evaluar la solidez de las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal y determinar si el exgobernador continuará sujeto a proceso penal.
De acuerdo con las declaraciones oficiales, la investigación contra Ernesto “N” comenzó hace aproximadamente un año, luego de detectarse presuntas operaciones irregulares para trasladar combustible en carros tanque de ferrocarril.
Las autoridades aseguraron que este caso ya estaba en marcha y que no fue iniciado para desviar la atención de la filtración de los audios relacionados con la actual gobernadora.
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Foto: Facebook / Marina del Pilar
La FGR informó que la investigación está relacionada con una presunta red que habría utilizado carros tanque de ferrocarril para introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante autoridades aduaneras.
De acuerdo con la FGE, el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y posteriormente era distribuido en distintos estados del país; además, señaló que el esquema presuntamente operaba de la siguiente manera:
La FGR indicó que la red investigada estaba integrada por empresas relacionadas con actividades de transporte, operación ferroviaria y comercialización de combustible.
Además, señaló que se detectaron miles de operaciones de importación bajo investigación y estimó un posible daño superior a 4 mil millones de pesos por la omisión en el pago de impuestos relacionados con los combustibles.
Ernesto “N” fue detenido en Ensenada, Baja California, y posteriormente, un juez determinó imponerle prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso.
Mientras tanto, la investigación sigue en curso y la fiscalía informó que existen 25 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso.
Entre los señalados hay presuntos operadores logísticos, empresarios y otras personas que, según las autoridades, formaban parte de la red investigada.
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Foto: Facebook / Ernesto "N"
La relación entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla ha estado marcada por diferencias políticas desde que la actual mandataria asumió la gubernatura de Baja California.
El exfuncionario, quien gobernó el estado entre 2019 y 2021, ha realizado señalamientos contra la administración de su sucesora en distintos momentos, mientras que la mandataria ha rechazado sus acusaciones y ha cuestionado las motivaciones de sus declaraciones.
Uno de los conflictos más recientes surgió tras la difusión de audios en los que presuntamente aparece gobernadora conversando con personas que se identificaron como representantes de autoridades estadounidenses.
Afirmó que fue víctima de un engaño y que las grabaciones fueron utilizadas con fines políticos, también aseguró que la reunión ocurrió dentro de su agenda de trabajo y negó haber entregado información indebida.
Por su parte, el exmandatario negó haber participado en la creación de esa situación y sostuvo que la mandataria debe explicar el contenido de las conversaciones.
Este no es el único exgobernador de Baja California que enfrenta un proceso judicial, ya que Jaime Bonilla también es investigado por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, un proyecto que nunca se concretó.
