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CASO INVI: 3 prohibiciones a exfuncionarios vinculados a proceso en BCS

Fernanda N, Juan Manuel N y Jonathan N enfrentarán el proceso en libertad.

El juez les impuso restricciones mientras continúa la investigación por el manejo de recursos del Instituto de Vivienda. Foto: Canva.
El juez les impuso restricciones mientras continúa la investigación por el manejo de recursos del Instituto de Vivienda. Foto: Canva.

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Durante la continuación de la audiencia inicial del caso del Instituto de Vivienda (INVI), un juez de control determinó la vinculación a proceso de Fernanda "N", Juan Manuel "N" y Jonathan "N", quienes son investigados por su probable participación en el manejo irregular de recursos públicos.

En la misma resolución, el órgano jurisdiccional estableció que los imputados enfrentarán el proceso en libertad, pero bajo ciertas condiciones, dentro de una investigación relacionada con recursos por 54 millones 876 mil 222.64 pesos, destinados a programas de vivienda en la entidad.

 

¿Cuáles son las tres medidas cautelares impuestas en el caso INVI?

Como parte de la audiencia, el juez impuso tres medidas cautelares que deberán cumplir los imputados durante el desarrollo del proceso penal, con el objetivo de asegurar su comparecencia y evitar posibles afectaciones a la investigación.

Las condiciones establecidas son:

  1. No salir del estado sin autorización judicial previa, lo que limita su movilidad durante el proceso
  2. Presentarse a firma periódica ante la autoridad correspondiente, como mecanismo de control judicial
  3. No acercarse ni comunicarse con testigos o personas relacionadas con el caso, para evitar cualquier tipo de influencia en los testimonios o en el desarrollo de la investigación

Estas medidas forman parte de los mecanismos legales utilizados para garantizar que los imputados permanezcan a disposición de la autoridad sin necesidad de aplicar prisión preventiva.

Foto: NBCS Noticias.

Foto: NBCS Noticias.

Vinculación a proceso: qué implica esta etapa

La vinculación a proceso es una determinación judicial mediante la cual, el juez establece que existen datos de prueba suficientes para continuar con la investigación penal.

Esto no implica una sentencia ni define la culpabilidad de los imputados, sino que permite que el caso avance a una siguiente fase del procedimiento.

A partir de esta resolución, se abre la etapa de investigación complementaria, en la que el Ministerio Público podrá:

  • Recabar nuevos datos de prueba
  • Solicitar peritajes especializados, particularmente en materia financiera
  • Ampliar las líneas de investigación ya existentes

Asimismo, durante este periodo se fija un plazo para el cierre de la investigación, tras el cual se determinará si el caso avanza a una etapa intermedia o a juicio.

Foto: Rocío Casas / POSTA Baja California Sur.

Foto: Rocío Casas / POSTA Baja California Sur.

Montos identificados dentro de la investigación

Durante la audiencia se expusieron datos relacionados con el flujo de recursos presuntamente vinculados a los imputados, como parte del análisis financiero integrado en la carpeta de investigación.

Entre los montos referidos se encuentran:

  • Fernanda N: alrededor de 762 mil pesos
  • Juan Manuel N: aproximadamente 380 mil pesos
  • Jonathan N: al menos 1 millón de pesos

Además, se señaló que una parte de los recursos fue retirada en efectivo, lo que ha representado un obstáculo para su rastreo dentro del sistema financiero y forma parte de las líneas de investigación que continúan en desarrollo. En entrevistas recientes, la exdirectora del INVI habría asegurado que quedaría esclarecido el monto señalado.

Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación

El fiscal anticorrupción de Baja California Sur, Lenin Emiliano Ortiz Amao indicó que el caso se mantiene en curso y que aún se desarrollan distintas líneas de investigación.

“Se trata de una investigación amplia, en la que se continúan realizando actos de investigación para esclarecer los hechos”, señaló el funcionario.

El titular de la Fiscalía no descartó que puedan incorporarse nuevos elementos a la carpeta ni que se determinen responsabilidades adicionales conforme avance el análisis de la información.

Hasta ahora tres personas se encuentran en prisión preventiva por el presunto desvío de los 54 millones de pesos del instituto.

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