Carlos Torres enfrenta señalamientos en Estados Unidos y México, mientras continúa el proceso legal relacionado con sus recursos financieros.
Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, enfrenta un juicio para recuperar el acceso a sus cuentas bancarias. La decisión del juez se aplazó para finales de noviembre.
Carlos Alberto Torres Torres fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 29 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ese mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus presuntos vínculos con una red de una organización criminal que opera en el noroeste del país.
En esa acción dicho departamento estadounidense sancionó a 21 personas y 25 empresas, mientras que la UIF agregó a sus listas a las 46 personas y compañías señaladas por EU.
Según la OFAC, el ex esposo de Marina del Pilar es un presunto “operador político” aliado de Juan José “N”, señalado como líder de una célula de ese grupo criminal.
De acuerdo con el las autoridades, esa célula controla la plaza de Mexicali y el exfuncionario habría usado su influencia política para facilitar sus actividades en Baja California.
La OFAC señala que, presuntamente, ayudó a que esta organización evitara la intervención del gobierno y de las fuerzas de seguridad en el estado.
El Tesoro también afirma que habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel “N”, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, para que el grupo operara con relativa impunidad.
En la misma acción fue sancionado su hermano, Luis Alfonso "N", a quien se le acusa de recibir sobornos y lavarlos a través de empresas y campañas políticas.
La OFAC incluyó además a cinco empresas vinculadas a Luis Alfonso: Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
La Secretaría de Hacienda aclaró que la inclusión en la lista es una medida preventiva y administrativa, no una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas señaladas.
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El mismo 29 de septiembre, Carlos Torres difundió un posicionamiento en el que rechazó cualquier relación con la delincuencia organizada, de acuerdo con ZETA Tijuana.
“Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”, señaló en su mensaje en el que también anunció que se defendería de los señalamientos.
Explicó que la única empresa señalada por la OFAC en la que tiene participación es Vida Orgánica Tijuana, que opera el mercado orgánico “Vive Orgánico”, en Tijuana.
Según su versión, tiene el 30 por ciento de esa empresa, que registra ventas promedio de alrededor de 570 mil pesos mensuales.
Foto: Carlos Torres
También afirmó que las acusaciones en su contra comenzaron con denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025.
Aseguró que, hasta ese momento, no había sido citado por ninguna autoridad para aclarar los señalamientos que se hicieron en su contra.
En su mensaje, anunció que iniciaría gestiones ante la OFAC y ante las demás autoridades correspondientes para aclarar la información.
No era la primera vez que respondía públicamente a los señalamientos: meses antes, Carlos Torres reapareció en redes sociales para negar ser un criminal.
El caso tiene antecedentes desde 2025. En mayo de ese año, el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocó la visa, según la información publicada por Infobae.
En enero, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó que la FGR investigaba a su exesposo, de acuerdo con el medio Expansión.
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Como parte del bloqueo, la UIF congeló dos cuentas de Torres en Banorte, una cuenta preferente y una cuenta de inversión, mediante el acuerdo 471/2026, de acuerdo con Infobae.
Torres presentó un juicio de amparo para recuperar el acceso a sus cuentas, que se tramita en el expediente 1161/2026 del Juzgado Segundo de Distrito en Baja California.
En su amparo, argumenta que la ley que aplicó la UIF no establece cuánto tiempo puede permanecer una persona en la lista ni cómo puede salir de ella, lo que, según su defensa, es inconstitucional.
El 22 de octubre, el juzgado le negó la suspensión provisional, que habría detenido de forma temporal el bloqueo de sus cuentas mientras se resuelve el juicio.
El juez consideró que el bloqueo responde a disposiciones de orden público para proteger el sistema financiero y prevenir operaciones con recursos de origen ilícito.
La audiencia en la que se decidiría si Torres recupera el acceso a sus cuentas estaba programada para el 29 de octubre, pero fue pospuesta.
Foto: Carlos Torres
El aplazamiento se debió a que no se incorporaron al expediente los documentos que acreditan que varias autoridades federales recibieron la notificación del juicio.
Entre esas autoridades están la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y distintas áreas de la UIF. Solo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió.
Ahora, el juez decidirá el 19 de noviembre si Torres recupera el acceso a sus cuentas bancarias, de acuerdo con la información del expediente.
Desde la revocación de su visa hasta el bloqueo de sus cuentas, el caso ha tenido varias etapas, que se pueden consultar en la cronología del caso Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California.
