La muerte de Bernardo Soriano ocurrió semanas después de su salida de la PGJE y de los señalamientos internos que hizo públicos.
La salida de Bernardo Soriano Castro de la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió un conflicto público semanas antes de su asesinato en La Paz, Baja California Sur.
Días antes había arremetido en contra de la dependencia asegurando que había malos manejos dentro de ella.
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En julio de 2025, Bernardo Soriano dejó la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, semanas después de que su nombre apareció en narcomantas con señalamientos en su contra en distintos municipios del estado.
En ese momento, el gobernador Víctor Castro Cosío anunció que Soriano no saldría de la institución, sino que asumiría otra responsabilidad dentro de la PGJE como director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales (CICP).
El mandatario explicó que el cambio formaba parte de un reacomodo interno y que no se trataba de una renuncia, sino de una reubicación tras “cumplirse un ciclo”.
Desde ese cargo, participó en actividades de capacitación para agentes de investigación y en tareas relacionadas con formación y análisis criminal.
En febrero de 2026, compartió en sus redes sociales el oficio donde le notificaron su salida definitiva de la institución. El documento estaba fechado el 12 de febrero, se lo entregaron el 13 y le indicaron que el 16 sería su último día.
Tras esa notificación, Soriano aseguró que su despido fue una remoción directa ordenada por el procurador Antonio López Rodríguez.
Sostuvo que la decisión se tomó después de que emitió opiniones públicas sobre la falta de resultados y la gestión interna de la dependencia.
Dijo que cuestionó el manejo de casos prioritarios y la integración de equipos ministeriales, también afirmó que el procurador deshizo la unidad antisecuestro de la zona norte, que según su versión, había avanzado en órdenes de aprehensión por secuestro y extorsión.
Calificó su salida como un acto de censura y una violación a su libertad de expresión; asimismo, en sus últimas declaraciones acusó a su superior de falta de supervisión en casos sensibles y pidió al Congreso del Estado su destitución por presuntas omisiones dentro de la dependencia.
Sin embargo, tras esas declaraciones, el gobernador respondió y cuestionó su postura, al señalar que no era correcto hacer ese tipo de señalamientos después de haber formado parte de la institución.
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La mañana de este miércoles 25 de febrero, el exsubprocurador murió dentro de su vehículo Jeep color gris tras recibir múltiples disparos en la colonia La Cima, en La Paz.
El gobernador del Estado informó tras ser cuestionado sobre el caso que; aparentemente, se dirigía a dejar a su hijo de 10 años en la escuela cuando lo interceptaron.
Por ahora no se ha confirmado si el ataque su contra tiene relación con las denuncias que hizo antes de dejar el cargo. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas por el homicidio.
Antes de su muerte, habló públicamente sobre lo que calificó como un clima de tensión dentro de la dependencia y aseguró que la violencia ya había alcanzado a integrantes de la propia institución.
Mencionó que la violencia ha alcanzado a otros miembros de la corporación, como el agente Nabor Sánchez, asesinado el 30 de agosto de 2025.
También señaló que existían amenazas previas contra personal ministerial y que, tras su salida del cargo, no se reforzaron las medidas de seguridad en esa región.
Habló además de denuncias por cobro de piso en Guerrero Negro y de agresiones contra integrantes de cooperativas pesqueras.
Según su versión, había órdenes de aprehensión en curso y coordinación con fuerzas federales por casos de secuestro y extorsión.
Asimismo, que existían oficios de cambio de adscripción que retiraron a los elementos encargados de vigilancia. En ese contexto, hasta el 18 de febrero de 2026 Baja California Sur acumulaba seis homicidios en el año.
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Ahora el Congreso del Estado podría revisar las denuncias que hizo públicas antes de su muerte. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) deberá esclarecer el homicidio y determinar si existe relación entre el ataque y el conflicto interno que el exfuncionario denunció.
Además, su nombre apareció en narcomantas durante la ola de violencia que se registró en 2025, donde lo relacionaron con el crimen organizado.
