Durante los primeros meses del año, en Baja California Sur se han registrado denuncias por delitos sexuales.
En Baja California Sur, los delitos sexuales y las desapariciones siguen presentes. Durante los primeros dos meses de 2026 se registraron 165 denuncias por delitos sexuales.
Estos datos, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran que la mayoría de los casos se concentran en algunos municipios del estado.
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El abuso sexual es la conducta que más aparece en las carpetas de investigación abiertas por las autoridades. Este delito suma 69 casos, lo que significa que cuatro de cada diez denuncias sexuales en la entidad corresponden a este tipo de agresión. Los datos permiten ver cómo se dividen las investigaciones actuales:
Abuso sexual: 69 denuncias.
Violación: 33 reportes.
Acoso sexual: 28 casos.
Violación a la intimidad sexual: 24 denuncias.
Hostigamiento sexual: 1 caso.
Otras categorías: 10 reportes adicionales.
Estas cifras muestran que, aunque hay distintos tipos de agresión, la mayoría de los casos corresponde a abuso sexual y violación, lo que representa gran parte del trabajo para quienes investigan estos delitos en el estado.
Sobre este tema, el diputado Venustiano Pérez Sánchez propuso en el Congreso de Baja California Sur que se aplique la suspensión preventiva a docentes que estén bajo investigación por delitos sexuales.
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Foto: Biblioteca Canva
Los datos territoriales dejan claro que el sur de Baja California Sur es donde ocurre la mayoría de estos delitos. Los Cabos y La Paz juntos acumulan más del 80% de todas las denuncias estatales.
Esta tendencia coincide con las zonas que tienen más habitantes y una vida urbana más acelerada, aunque las autoridades señalan que se requiere un análisis más profundo para entender las causas exactas.
La lista por municipio queda de la siguiente manera:
Los Cabos: 79 denuncias.
La Paz: 59 denuncias.
Comondú: 12 denuncias.
Mulegé: 9 denuncias.
Loreto: 6 denuncias.
Mientras que en el sur los números son altos, en el norte del estado la incidencia es menor, con cifras que no superan los 12 casos por municipio en este primer bimestre del año.
A partir del 14 de marzo de 2026, las reglas para investigar el abuso sexual cambiaron en todo México. Gracias a una reforma al Código Penal Federal, ahora este delito se persigue "de oficio".
Esto significa que la autoridad tiene la obligación de investigar en cuanto tiene conocimiento del hecho, sin esperar a que la víctima ratifique una querella o pida que el proceso siga.
Este cambio legal surgió tras una propuesta de la Secretaría de las Mujeres a finales de 2025. La modificación busca que las agresiones no queden sin castigo por miedo o presión hacia quienes sufren el delito.
Con esta nueva regla, el estado asume la responsabilidad de llevar el caso ante los jueces desde el primer momento en que se detecta el abuso.
Foto: Biblioteca Canva
Las personas que pasan por una situación de violencia sexual tienen varias rutas para pedir ayuda o iniciar un proceso legal. No es necesario tener todas las pruebas a la mano para acercarse a las instituciones; el apoyo puede ser médico, psicológico o jurídico.
Atención inmediata: El número 911 recibe llamadas por emergencias actuales, mientras que el 089 funciona para dejar datos de forma anónima.
Acompañamiento especializado: El Centro de Justicia para las Mujeres en La Paz ofrece asesoría legal y apoyo psicológico en un mismo lugar.
Refugio y orientación: El Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMujeres) cuenta con personal para guiar a las víctimas y, si es necesario, canalizarlas a espacios seguros.
Salud pública: Hospitales como el Salvatierra brindan atención médica urgente y documentan el estado físico de la persona para ayudar en la investigación.
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Para denunciar, la persona debe acudir al Ministerio Público y contar lo que pasó. A partir de ese momento se abre una investigación y se activan medidas para proteger a la víctima durante el proceso.
Este año también surgió otra propuesta en el Congreso. La diputada Lupita Saldaña Cisneros planteó sancionar el matrimonio infantil en Baja California Sur con penas de hasta 15 años de prisión.
