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La Asociación Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía, A.C. denunció públicamente lo que calificó como una grave crisis territorial en Baja California Sur, al advertir un proceso sistemático de despojo de tierras, recursos naturales y bienes estratégicos.
Mediante una publicación de Facebook, aseguran se desarrolla bajo esquemas legales que simulan conservación ambiental y que vulneran la soberanía nacional y los derechos de las comunidades.
¿Qué denuncian en la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna?
De acuerdo con el pronunciamiento, esta operación se presenta como un proyecto de conservación ambiental y de “bajo impacto”, aunque la Asociación Rescate de los Pueblos advirtió que cualquier intervención en esta zona representa un riesgo directo para un ecosistema considerado extremadamente frágil.
Foto: Ayuntamiento de La Paz.
Indicaron que la Sierra de la Laguna es clave para la recarga de los mantos acuíferos que abastecen a comunidades serranas y a poblaciones como Los Cabos, Todos Santos, La Paz y Los Barriles.
Por lo que consideraron inaceptable que áreas naturales protegidas sean transferidas a intereses privados, cuando su conservación corresponde constitucionalmente al Estado mexicano.
Señalan simulación, falta de consulta y omisión gubernamental
La Asociación también denunció que el jueves 22 de enero de 2026, dicha asociación presentó su proyecto en un hotel de Cabo San Lucas sin informar ni consultar previamente a las comunidades originarias de la Sierra de la Laguna ni a organizaciones civiles que históricamente han defendido el territorio.
Afirmaron que este hecho se inscribe es común en Baja California Sur, y se caracteriza por la ausencia de consulta previa. Asimismo, acusaron una omisión del gobierno estatal encabezado por Víctor Castro Cosío frente a estas situaciones, lo que evidencia una colusión con intereses privados, disfrazada bajo un discurso de protección ambiental.
Exigen intervención de la Presidencia de la República
Finalmente, la Asociación Rescate de los Pueblos exigió que la Presidencia de la República atienda de manera urgente el problema que representan las Áreas Naturales Protegidas (ANP) administradas o controladas por intereses privados y los Planes de Desarrollo Urbano que, aseguraron, operan como mecanismos legales de despojo territorial.
La organización hizo un llamado directo para sostener una reunión en la que se exponga el entramado jurídico que, afirmaron, permite este proceso, al considerar que se trata de un tema de soberanía, seguridad nacional y defensa del patrimonio del país.