El alcalde de Tecate fue señalado de usar a policías y maquinaria del Ayuntamiento para despojar a una mujer de la tercera edad.
El alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, ha sido señalado como presunto aliado de un supuesto “cártel inmobiliario” tras el despojo de una mujer de 87 años, en un contexto donde también se han reportado detenciones de personas ligadas al crimen organizado en el municipio.
Ante estos señalamientos, el alcalde negó cualquier participación y aseguró que se trató de un procedimiento judicial que no corresponde al Ayuntamiento.
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El alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, negó públicamente tener relación con un supuesto “cártel inmobiliario” tras el desalojo y la demolición de una vivienda en la zona de La Nopalera.
Esto luego de que una mujer de 87 años y su familia lo señalaran directamente por presunto despojo el pasado 15 de abril.
La víctima mencionó que presuntamente el personal del Ayuntamiento y policías municipales utilizaron maquinaria oficial para destruir su propiedad y entregar el terreno a un particular cercano al presidente municipal.
Sin embargo, el gobierno local sostiene que se trata de un conflicto legal entre particulares en el que ellos no tienen injerencia.
La postura oficial del Gobierno Municipal es que ellos no ordenaron ni participaron en la destrucción de las viviendas.
De acuerdo con el comunicado, lo ocurrido en el predio fue una diligencia ejecutada por el Poder Judicial, un proceso que aseguran es completamente ajeno a las facultades del ayuntamiento.
Además, la administración rechazó de forma tajante que se hubiera utilizado maquinaria pesada propiedad del municipio para derribar las estructuras, deslindándose de cualquier daño material causado en el lugar.
Insistieron en que los señalamientos contra el alcalde Román Cota carecen de sustento y no corresponden a la realidad de los hechos.
Uno de los puntos más cuestionados por los afectados fue la presencia de patrullas de la Policía Municipal durante el operativo.
Al respecto, el ayuntamiento explicó que los agentes de la Dirección de Seguridad Ciudadana se encontraban realizando recorridos preventivos cuando detectaron que había personas alteradas debido a la diligencia judicial.
Según la autoridad, los policías acudieron únicamente para preservar el orden y evitar que la situación pasara a mayores, aclarando que los elementos municipales no tienen el poder legal para detener o intervenir en una resolución dictada por un juez.
El gobierno municipal dijo que cualquier versión distinta a la suya solo busca confundir a la gente. Además, no es la primera vez que autoridades en Baja California son señaladas por este tipo de hechos.
En Tijuana, por ejemplo, han circulado denuncias en redes sobre falsos policías y supuestos elementos de la Guardia Nacional que montan operativos para robar.
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Foto: Facebook / Román Cota
De acuerdo con el testimonio de la familia Sandoval, los hechos comenzaron alrededor de las 9:00 de la mañana del pasado miércoles 15 de abril.
Un grupo de aproximadamente 50 personas, entre los que se encontraban ocho policías municipales en cuatro patrullas y supuestos empleados del Ayuntamiento, bloquearon la entrada principal del predio.
Al frente iba una mujer que se identificó como actuaria del Juzgado Civil, quien sin mostrar una orden judicial por escrito, les dio apenas 15 minutos para sacar sus pertenencias de valor y abandonar el lugar.
A pesar de que la familia es de origen Kumiai y habita el rancho desde hace más de un siglo, la funcionaria ignoró sus documentos y títulos de propiedad.
Con el apoyo de la policía, introdujeron maquinaria pesada para derribar dos casas y destruir huertos y jardines.
Incluso, los afectados mencionaron que tras la demolición se colocó un nuevo cerco de púas, dejando atrapado a uno de sus caballos sin posibilidad de alimentarlo o darle agua fácilmente, mientras que otros animales domésticos desaparecieron entre los escombros.
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Foto: Facebook / TODO TECATE
La familia Sandoval Zamora denuncia haber sido víctima de un "fraude procesal" para despojarlos de sus tierras y entregarlas a un particular vinculado directamente con el alcalde Román Cota Muñoz.
Aseguran que nunca fueron notificados de una demanda en su contra y que la actuación de la actuaria fue irregular al no permitirles defenderse legalmente antes de destruir su hogar.
Además, señalan que el beneficiario de este desalojo es una persona a la que el presidente municipal ha llamado públicamente su "aliado" y quien presuntamente comercializa desarrollos inmobiliarios ligados a figuras políticas del pasado en Tecate.
Para los afectados, el uso de policías municipales y maquinaria para demoler sus viviendas es una prueba de los vínculos entre el gobierno local y un grupo dedicado a la apropiación ilegal de terrenos en la ciudad.
Este caso ocurre mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que en 2026 Baja California registra menos delitos en algunos rubros.
Con información de Punto Norte
