La publicación de datos sobre la nómina pública generó cuestionamientos hacia la fiscal local debido a la contratación de un familiar directo.
La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, respondió a los señalamientos que surgieron contra su hija; esto ocurrió un día después de que la funcionaria aclaró que era falsa la supuesta detención de René Arzate, conocido como “La Rana”.
Sus declaraciones surgieron después de que se diera a conocer que su hija tiene una plaza de base dentro del sistema penitenciario estatal.
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Durante una conferencia de prensa comenzó a circular información sobre Laura Elena Madrigal Andrade, quien aparece registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia como trabajadora de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California.
Ante ello la fiscal general del Estado confirmó públicamente que su hija cuenta con una base laboral otorgada por el Sindicato de Burócratas.
Al ser cuestionada por el medio Punto Norte, la funcionaria rechazó categóricamente las acusaciones de que su familiar sea una trabajadora que cobra sin presentarse a laborar o que su puesto represente un caso de nepotismo.
Andrade Ramírez aseguró que los señalamientos son falsos y afirmó que la situación legal y operativa de su hija se encuentra abierta a cualquier tipo de verificación.
La funcionaria estatal atribuyó la obtención de la plaza definitiva a factores relacionados con la salud de su hija.
Según explicó durante la conferencia de prensa, la joven tiene una condición de salud emocional que le provoca cambios en su estado de ánimo y en sus actividades diarias, por lo que recibió apoyo sindical bajo criterios dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.
La fiscal general señaló que este tipo de condiciones de salud mental no deben ser motivo de estigmatización y dijo de manera abierta que seguirá brindando apoyo a su familiar de forma permanente.
Estas declaraciones ocurren después de otras polémicas que han rodeado a la fiscal; entre ellas, señalamientos de madres buscadoras de Mexicali, quienes la acusaron de simular investigaciones en casos de personas desaparecidas.
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Foto: Facebook / Laura Elena Madrigal
La aparición de su hija en los registros de la plataforma oficial de transparencia desató críticas debido a los señalamientos sobre una supuesta falta de experiencia previa dentro de la administración pública.
Ante la pregunta expresa sobre el motivo por el cual su familiar ocupa una vacante en esa área, la fiscal general ofreció una cronología sobre el ingreso de su hija a las oficinas estatales para desvincular su propia trayectoria del nombramiento.
La titular de la fiscalía detalló los siguientes puntos sobre la situación laboral de su familiar:
Fecha de contratación: la joven ingresó a laborar en la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California en un periodo distinto a la gestión de su madre.
Desvinculación del cargo: la fiscal general aclaró que ella no se desempeñaba como comisionada ni como titular del sistema penitenciario cuando su hija obtuvo el empleo.
Autonomía institucional: Andrade Ramírez recordó que la institución que dirige actualmente posee autonomía plena, por lo que no existe una relación de subordinación directa ni de contratación compartida.
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Foto: Facebook / Laura Elena Madrigal
La fiscal general aseguró que la contratación está respaldada por el derecho que tiene cualquier persona a acceder a un empleo en condiciones dignas.
Explicó que su hija ha trabajado durante varios años para atender sus problemas de salud y que el sindicato tomó en cuenta su situación particular antes de otorgarle la plaza de base.
Por ello, la funcionaria rechazó que el proceso estuviera relacionado con el cargo público que actualmente ocupa en el estado.
Finalmente, Andrade Ramírez señaló que la información sobre el sueldo, el puesto y el área donde trabaja Laura Elena es pública y puede consultarse mediante las plataformas de acceso a la información.
También afirmó que la permanencia de su hija dentro de la nómina del sistema penitenciario cumple con los requisitos establecidos y que sus funciones se realizan bajo las condiciones previstas para personal que enfrenta situaciones de vulnerabilidad médica o emocional.
Este caso se suma a otras controversias públicas en las que se ha visto involucrada la fiscal, como ocurrió en 2025 cuando circularon mensajes atribuidos al Cartel Jalisco Nueva Generación con señalamientos dirigidos a la Fiscalía de Baja California.
