Los promotores son señalados por presuntamente promover asentamientos en zonas de arroyo y terrenos federales en Los Cabos.
En Los Cabos seis presuntos promotores de asentamientos irregulares son señalados por lucrar con la venta de terrenos en zonas de riesgo y sin certeza legal, como ocurrió en Santa Rosa del Este, donde habitantes fueron víctimas de la compra de predios irregulares.
Estas personas, identificadas como presuntos “líderes”, son señaladas por lucrar con la necesidad de familias que buscan un lugar donde vivir.
Te puede interesar....
El Gobierno de Baja California Sur tiene bajo la mira a seis personas identificadas como presuntos "líderes" dedicados a promover asentamientos irregulares en el municipio de Los Cabos.
Estas personas son señaladas por incentivar la ocupación de tierras ejidales y federales, incluyendo zonas de arroyos, lucrando con la necesidad de familias que buscan un lugar donde vivir.
Según las autoridades, ya existen carpetas de investigación abiertas para frenar estas actividades que ponen en peligro la seguridad de la población.
De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, se trata de promotores que organizan las invasiones y venden lotes de manera ilegal.
Estos líderes convencen a familias de ocupar terrenos que no les pertenecen, muchas veces bajo engaños de que podrán regularizarlos después.
El problema es que, en ocasiones, si una familia no puede pagar o es desalojada, estos mismos líderes meten a otra familia de inmediato, manteniendo un ciclo de lucro con la tierra.
Las autoridades recalcaron que no existe ningún compromiso político con estos grupos y que el objetivo principal es detener a los cabecillas.
Al tratarse de zonas federales o cauces de arroyos, las ocupaciones no solo son ilegales, sino que representan un riesgo mortal durante la temporada de lluvias.
Esto ha llevado al gobierno a anunciar la construcción de más de 2 mil viviendas del Programa Nacional de Vivienda en Baja California Sur para este año, ante la cantidad de personas que actualmente viven en zonas de alto riesgo.
Te puede interesar....
Foto: Movimiento Antorchista Nacional
La estrategia actual no solo se enfoca en la investigación judicial, sino también en servir como mediadores. El Gobierno del Estado está buscando acuerdos directamente con los ejidos de Cabo San Lucas y San José del Cabo.
La idea es que la autoridad funcione como gestor entre los dueños de la tierra y quienes quieren comprar, para asegurar que las familias adquieran propiedades legítimas y fuera de peligro. Además, se están atendiendo las denuncias por intentos de invasión de forma inmediata.
La intención es evitar que se formen nuevos asentamientos, ya que, con los planes de vivienda federales en puerta, sería imposible reubicar a las familias si por cada una que se mueva a un sitio seguro, llegan veinte más a invadir el espacio liberado.
Te puede interesar....
Foto: Movimiento Antorchista Nacional
La situación es crítica debido al crecimiento acelerado de la zona. Se estima que en Los Cabos viven entre 40 mil y 45 mil personas en asentamientos irregulares.
La herramienta clave para las autoridades es el Atlas de Riesgo municipal, que permite identificar exactamente qué áreas son inhabitables por el peligro de inundaciones o deslaves.
Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) ya logró vincular a proceso a dos personas por vender lotes en el arroyo de San José del Cabo.
Las autoridades buscan dejar claro que promover la ocupación de terrenos federales tiene consecuencias legales. Este problema no solo ocurre en asentamientos irregulares.
También se ha visto en desarrollos inmobiliarios, como a inicios de marzo de 2026, cuando Profepa detuvo obras en Cabo Pulmo por operar sin permisos de impacto ambiental.
Con información de Más Noticias de BCS y Tribuna de Los Cabos
